Los 6.778 millones de pesos aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) para entregar a los partidos políticos mexicanos de cara a la campaña electoral del 2018, han regresado a la mesa de discusión el tema del financiamiento público de las elecciones.

De inicio, no es tanto el carácter público de esa subvención lo que se cuestiona, sino el monto de la misma —»el más alto de la historia que el Estado mexicano destinará a financiar la política», según reconoció el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova—, cifra que viene a confirmar lo revelado en una investigación efectuada por la BBC el pasado año: la mexicana es la democracia más costosa del mundo.

En efecto, si se divide lo gastado en una campaña electoral entre el número de votantes —metodología utilizada por la BBC— los cocientes arrojan que en México el voto cuesta más del doble que en Estados Unidos y es mucho más caro aún que en países como Rusia y Francia: 11.67 dólares por cada votante estadounidense y 0.44 y 1.88 dólares en los casos de Rusia y Francia, respectivamente. En el ejercicio electoral mexicano del 2012, dicha división arrojó un cociente de 25 dólares. Es previsible entonces que esa cifra aumente en el 2018 por el monto que entregará el INE a los partidos políticos para sus campañas.

A pesar de lo exorbitante de la cifra —que todavía debe pasar el filtro rutinario de los diputados del Congreso de la Unión, quienes provienen de esos mismos partidos que viven del erario—, la misma se ajusta estrictamente a la sencilla fórmula de cálculo establecida en el artículo 50 de la ‘Ley General de Partidos Políticos’: el 65% del salario mínimo se multiplica por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. De ahí que en el fondo, más allá del monto, y por más que se tenga la certidumbre de que —cito de memoria— «la democracia no tiene precio, pero las elecciones sí», lo que de veras incomoda son otras cuestiones, como el hecho primario de que se trata de un dinero que sale del bolsillo de los contribuyentes, a muchos de los cuales mortifica que vaya a parar a las arcas de partidos con cuya ideología no comulgan.

Y tienen razón: la equidad que se pretende con esta subvención disimula una falla intrínseca, pues si bien el financiamiento de los partidos políticos llevó a elecciones más competitivas en México al permitir la existencia de una oposición real que en el año 2000 dio al traste con la ‘dictadura perfecta’ del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ello no se ha traducido en elecciones más transparentes, toda vez que los demás partidos no tardaron mucho en replicar las mismas artimañas que el PRI (acarreo de votantes, ordeño de urnas, uso electoral de programas sociales), además de introducir nuevas pillerías como la obscena descalificación de candidatos, el uso de dinero distinto a las formalidades del financiamiento público y la compra de minutos de publicidad en radio y televisión ajena a los tiempos establecidos por el INE.

tro de los cuestionamientos al financiamiento público de las elecciones parte del hecho de que una mayor divulgación de noticias sobre los partidos no ha implicado una mayor participación ciudadana en las elecciones; al contrario, el abstencionismo ha aumentado debido a que el manejo de los recursos públicos por parte de las cúpulas partidistas ha impedido que candidatos con reconocimiento popular puedan competir en igualdad de condiciones con aquellos que cuentan con la bendición de sus dirigencias. Ello se ha traducido en una fragmentación del voto, cuya mejor (peor) expresión se dio en el año 2012 cuando el actual presidente de México resultó electo con el voto del 38% de los sufragantes. La actual legislación electoral del país no contempla una segunda vuelta que sirva para conjurar desatinos como ese.

Quizás el secreto para quitarle a México el sambenito de ‘la democracia más cara del mundo’ pase por replicar las experiencias de Francia o Rusia, por aludir a dos países que se mencionan en el ya referido estudio de la BBC. Francia, se dice ahí, fija en 22 millones de dólares la cifra máxima que puede gastar un candidato en una campaña presidencial (extensible a 30 millones si pasan a una segunda vuelta) y limita los aportes de los ciudadanos a los partidos y prohíbe su financiamiento por parte de las empresas; Rusia, por su parte, también pone un tope a los gastos de los candidatos (unos 400 millones de rublos, poco más de 6.8 millones de dólares al cambio actual), además de que sólo pueden usar dinero de su propio bolsillo, el que reciban de sus partidos y entidades autorizadas, y el que aporten los donantes voluntarios.

Por ahora todo ello resulta una quimera en México, un país donde el financiamiento público ha provocado la existencia de institutos políticos que acceden a importantes sumas de dinero a pesar de resultar sempiternos perdedores en las contiendas electorales. Es una enfermedad, compartida con otras democracias, que genera la creación de partidos con ideologías mutantes salvo en lo concerniente al dinero público que los financia. Una posible solución para evitar la proliferación de nuevos partidos —sugerida por Luis Carlos Ugalde, exdirector del INE—, es que estos sólo accedan al financiamiento público después que hayan obtenido en alguna elección el 3% de los votos que hoy se les exige para que mantengan su registro ante la autoridad electoral y no, como ocurre a la fecha, tras cumplir los trámites de inscripción, pues los requisitos que se solicitan para ello —presentar una declaración de principios, programa de acción y estatutos, así como acreditar una cifra determinada de afiliados y haber efectuado la cantidad de asambleas estipuladas por ley, entre otros— propician el uso de subterfugios como la alianza con sindicatos, por citar la usada por el Partido Nueva Alianza (PANAL), una criatura política engendrada por la ex todopoderosa líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, actualmente en prisión.

Otra posible —y justa— solución a este problema pudiera ser la entrega de dinero a los partidos en base a los votos obtenidos en las urnas y no por el padrón total de electores. La propuso el diputado local independiente Pedro Kumamoto en su iniciativa «Sin voto no hay dinero», que fue aprobada por el Congreso de Jalisco, pero todavía no ha sido discutida en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión lo cual no resulta nada extraño: del 2015 a la fecha, en la Comisión de Puntos Constitucionales de dicha Cámara se han presentado 16 iniciativas para reducir el financiamiento a los partidos, pero cinco han sido desechadas, una retirada sin discutirse y otras diez esperan por el debate, según publicó recientemente el periódico Reforma.

Pero sea público o privado el financiamiento de las elecciones en México, sea excesivo o moderado el dinero que se mueva en ellas, el problema de fondo radica en la ineficiencia del INE para exigir transparencia en la utilización de esos recursos, pues se rebasan los topes de campaña y no pasa nada, lo que no es más que el reflejo de la ineficiencia del Estado mexicano para combatir el flagelo de la corrupción. Y mientras ello ocurra, el amplio espectro político que supone la existencia de muchos partidos apenas si será un deslustrado espejismo y la ideología pasará siempre a un segundo plano profanada por ese ‘poderoso caballero’ que es ‘Don Dinero’.

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