La ministra de Comunicación de Bolivia, Gísela López, advirtió ayer que detrás del conflicto en el municipio de Achacachi hay un plan para desestabilizar al país, donde están involucrados la oposición y actores vinculados a Estados Unidos.

‘Hay una intencionalidad y un plan detrás de todo esto’, dijo la titular, y acusó a la representación norteamericana de tener un activismo bastante protagónico en ese problema, a través de la utilización de analistas con influencia en los medios de prensa.

Achacachi es un municipio ubicado en el departamento de La Paz y desde hace varios días sus pobladores realizan bloqueos de carreteras y manifestaciones hasta la sede del Gobierno para exigir la renuncia del alcalde Edgar Ramos, a quien sindican de corrupción.

Se trata de una disconformidad local que debe ventilarse en los juzgados y en el órgano electoral, sin embargo, la estrategia de los manifestantes es la provocación para hacer crecer un conflicto municipal, advirtieron las autoridades.

El responsable del comité de movilizaciones de Achacachi, Felipe Quispe, alias el Mallku, condicionó la suspensión de los bloqueos en la carretera de Copacabana a la liberación de personas detenidas de manera preventiva por promover violentas movilizaciones en febrero pasado en ese municipio.

‘Qué se quiere ahora, utilizar a ex dirigentes indígenas para desestabilizar a un presidente indígena’, advirtió López.

El ministro de la Presidencia, René Martínez, coincidió también en que en el conflicto de Achacachi hay una intención conspirativa contra el Gobierno.

Martínez responsabilizó al ex dirigente campesino Felipe Quispe, al encargado de negocios de Estados Unidos en La Paz, Peter Brennan, y a políticos de la derecha de estar detrás de estos planes desestabilizadores.

El ministro de Defensa Reymi Ferreira pidió hoy a los manifestantes dejar la confrontación con las fuerzas del orden y evitar la repetición de la violencia de febrero pasado en esa localidad.

‘No se puede paralizar a todo un grupo de provincias por interés de un sector. Tampoco se puede realizar tanta acción violenta para defender a gente comprometida con pruebas en el incendio de un edificio público y de varias viviendas’, afirmó Ferreira.

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