Con nuevos ministerios para atender a las Primeras Naciones -comunidades indígenas-, el gobierno canadiense intenta hoy recomponer su relación con dichos pueblos y dejar atrás el fardo histórico de violencias, exclusiones y aniquilación cultural acumuladas desde la colonización.

El 28 de agosto el primer ministro Justin Trudeau anunció la división del hasta entonces Ministerio de Asuntos Indígenas y del Norte.

De esta forma surgió la cartera de Servicios Indígenas dirigido por la exministra de Salud, Jane Philpott, responsable de supervisar los programas de servicios básicos hacia los grupos nativos, incluyendo educación, atención médica, servicios para niños y familias, vivienda y acceso al agua potable, entre otros.

Por su parte, la responsable de Asuntos Indígenas, Carolyn Bennett, se convirtió en titular del Ministerio de Relaciones Corona-Indígenas y Asuntos del Norte, enfocado en asuntos legales y reclamos de tierra, de los cuales hay cerca de un centenar de procesos penales aún pendientes.

Corresponderá a Bennett liderar los esfuerzos para desmantelar los efectos de la Ley de Indios (1876) que según diversos estudios supuso un ‘genocidio cultural’ para las Primeras Naciones las cuales vieron ocupados sus territorios por los colonos europeos y prohibidas su lengua, prácticas religiosas y acervo en general.

La recomendación de crear ambas carteras de Gobierno provino de la Comisión Real sobre Pueblos Aborígenes, que presentó su informe en octubre de 1996, pero ignorado durante dos décadas.

Al asumir el cargo en 2015, Trudeau prometió reestructurar en un corto plazo un ministerio con más de cuatro mil 500 empleados dispersos por todo el país y un presupuesto de más de nueve mil millones de dólares.

Para decirlo claramente, los planes de este gobierno no pueden lograrse a través de las estructuras coloniales existentes. El anuncio es un paso importante en la construcción de una verdadera relación nacional, entre la Corona (británica), el gobierno y los pueblos inuit y metis, remarcó un comunicado del gobierno.

Sin embargo, a pesar de la voluntad de Ottawa de remover viejas estructuras, algunos expertos advierten que las reformas podrían conducir a más dolores de cabeza.

En términos de resultados prácticos, creo que podría tener un efecto negativo, opinó en entrevista con el sitio digital CBC News, Christopher Alcántara, un experto de la Universidad de Ontario Occidental en relaciones indígenas-colonos.

Se complicará la toma de decisiones porque ahora hay dos ministros compitiendo por los recursos en el gabinete; en vez de un proceso integrado tendremos pequeños imperios que guardan sus recursos y habrá falta de coordinación, consideró.

Por su parte, Hayden King, profesor de gobierno originario en la Universidad Ryerson, en Toronto, señaló que lo último que quieren los pueblos indígenas es ‘otra capa de burocracia y dos veces más ofuscación; queremos ver menos del paternalismo existente y no verlo multiplicarse’.

En los últimos años, la burocracia estatal ha sido acusada de retrasar los fondos gubernamentales para niños y familias originarias, a pesar de la emisión de tres órdenes de incumplimiento por parte del Tribunal Canadiense de Derechos Humanos.

Si esta reestructuración va a tener éxito, la cultura en la burocracia necesita ser abordada. El departamento es increíblemente obstinado y resistente al cambio, sostuvo King.

Pese a ello, varios líderes indígenas -inclusive muchos críticos con la gestión de Trudeau- consideraron que la medida permitirá dirigir mayor atención en algunos temas de larga data que a menudo pasaban a un segundo plano.

Tenemos una acumulación de reclamaciones de tierras, derechos derivados de tratados. Necesitamos trazar un camino que apunte a más autodeterminación, autogobierno y creo que ese es el valor de la creación de estos ministerios, argumentó Isadore Day, a la cabeza de los jefes de las Primeras Naciones en Ontario.

Asimismo, el jefe nacional de la Asamblea de las Primeras Naciones, Perry Bellegarde, valoró el hecho como un paso realmente significativo para restaurar y revitalizar la relación entre la Corona, el gobierno y los pueblos originarios.

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