La desaparición forzada se usa frecuentemente como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. Esa práctica se ha convertido en un problema que afecta no solo a los parientes del desaparecido, sino también a su comunidad y al conjunto de la sociedad.

Anteriormente, fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, sin embargo, las desapariciones forzadas son perpetradas actualmente en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes.

Líderes sociales, defensores de derechos humanos, ambientalistas, activistas políticos, indígenas, ancianos y niños, son especialmente vulnerables ante esta situación, asegura la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

De acuerdo al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas, es preocupante el incremento de desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, como los arrestos, las detenciones y los secuestros cuando son parte de las desapariciones forzadas o equivalen a ellas, y por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido.

Como es el caso del joven activista argentino Santiago Maldonado, desaparecido desde el 1 de agosto del presente año, tras ser detenido por Gendarmería durante un allanamiento a la comunidad mapuche Lof en Resistencia Cushamen, en Chubut, Argentina.

Diversas organizaciones de derechos humanos responsabilizan al Estado por la desaparición de Maldonado y exigen que se conozca su paradero.

Por su parte, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, sostiene que no hay pruebas que demuestren que el activista se encontraba en ese lugar aquel día.

Ante la flagrante indiferencia y violación de los derechos humanos, la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, comparó al Gobierno de Macri con la dictadura militar de Jorge Rafael Videla, en la que sufrió la detención y desaparición de dos hijos y una nuera.

«Es tan parecido a la desaparición de nuestros hijos, me trajo tantos recuerdos», sostuvo De Bonafini, al tiempo que aseguró que la Administración de Macri repite la práctica llevada a cabo por Videla: ocultar información sobre el paradero de las víctimas de la desaparición forzada.

Ayotzinapa, a casi 3 años de los desaparecidos

Otro claro ejemplo de olvido de justicia y de violaciones de derechos humanos, es el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en el estado Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, luego de ser atacados por la policía local de Iguala.

A casi tres años de la desaparición forzada de los 43 normalistas, el Estado mexicano no ha dado ninguna respuesta relevante sobre el paradero de los jóvenes, por su parte, ha tratado de silenciarlo, tras no permitir en reiteradas ocasiones la investigación de los entes internacionales, debido a incoherencias en las investigaciones de las autoridades mexicanas.

Tanto padres y madres de los desaparecidos de Ayotzinapa, como diversas organizaciones de los derechos humanos se han movilizado en reclamo de la «verdad y justicia». Ante la lucha, la Procuraduría General de la República (PGR) de México ha asegurado que entregará resultados del caso en octubre de este año.

De acuerdo a cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, actualmente en México se desconoce el paradero de al menos 30.973 personas. Según la Secretaría de Gobernación, son 639 casos ocurridos hace casi una década; 236 anteriores a 2007, y de 429 se desconoce la fecha exacta de las desapariciones.

Expertos aseguran que la mayoría de los desaparecidos han sido víctimas de secuestros por parte de bandas criminales, también se han reportado muchas desapariciones forzadas por la policía y los militares, que a veces actúan en connivencia con las bandas criminales.

La ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han criticado al Gobierno mexicano por no hacer nada por esta problemática social relacionada con el narcotráfico y grupos de bandidos.

El titular de la Secretaría de Gobernación de México, Miguel Ángel Osorio Chong, exigió a la Cámara de Diputados la aprobación del borrador de la Ley de Desaparición Forzada que tienen en su poder.

Chong trata de dar respuesta a organismos internacionales y nacionales que reclaman la existencia de una legislación que ampare a las familias de los desparecidos y cumpla con aplicar la justicia.

Asimismo, los familiares de las más de 30.000 desaparecidas actualmente en México, también exigen la aprobación de esta ley, cuyo texto indica que «ningún caso de desaparición forzada pueda archivarse, en este delito no aplican amnistías, indultos y medidas similares a la impunidad».

Colombia, un país de desaparecidos

Colombia continúa siendo uno de los países de América Latina que más resalta en los casos de desapariciones forzadas.

Aún no se ha podido establecer el total de desapariciones forzadas durante el conflicto armado en Colombia, la cifra oscilaría entre las 30.000 y las 60.000 personas, según el Sistema de Información de Red de Desaparecidos Cadáveres (SIRDEC).

Organizaciones defensoras de derechos humanos, víctimas y políticos de Colombia han expresado su respaldo a la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, que tendrá como labor principal encontrar a los más de 50.000 desaparecidos que hay en el país suramericano.

Las cifras tanto de desapariciones forzadas, como de asesinatos y amenazas a líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia evidencia la presencia de grupos paramilitares, en la pretensión de ocupar los espacios del territorio abandonados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), tras el acuerdo de paz firmado con el Gobierno del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.

Así lo aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, quien evidenció en un reciente informe que durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 1 de marzo de 2017, ocurrieron 156 homicidios, 5 desapariciones forzadas y 33 casos de atentados.

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