La anulación por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de uno de los casos de supuesta corrupción de alto perfil, demuestra hoy las denuncias realizadas por Kenia Porcell, procuradora de Panamá, sobre posible impunidad.

Esta decisión invalida las pesquisas realizadas por el Ministerio Público (MP) relacionadas con la compra de radares a la empresa italiana Finmeccanica durante la administración del ex presidente Ricardo Martinelli (2009-2014), por cuya transacción la justicia de la nación europea detectó y sancionó delitos de ‘corrupción internacional’.

La acción de la CSJ se basa en el vencimiento del plazo al MP para las pesquisas y la continuidad de las mismas sin autorización de prórroga por los tribunales, los cuales se negaron a considerar el expediente como ‘complejo’, por lo que otorgaron el tiempo correspondiente a casos habituales.

Por este fallo quedan sin juicio José Raúl Mulino, ex ministro de Seguridad y Alejandro Garúz, ex jefe del Consejo de Seguridad Nacional, ambos de la administración anterior, que se vieron envueltos en un escándalo internacional por la compra de radares con presuntos sobrecostos y posible desvío de recursos públicos.

‘El no permitir que los fiscales puedan concluir es, desde nuestra óptica, trabajar por impunidad’, dijo Porcell el miércoles e informó que, mediante las pesquisas, ‘estamos descubriendo una estructura de criminalidad organizada que se llevó el dinero del pueblo panameño’.

Alertó que cinco de las investigaciones más emblemáticas, en donde los ‘actos de corrupción están enlazados con el blanqueo de capitales, que es dinero público, dinero del pueblo panameño, pueden quedar inconclusas’, reveló en un cambio de estrategia del hermetismo a la denuncia pública.

‘Estamos investigando todo y a todos, y las decisiones que adopten los tribunales en torno a las complejidades y/o nulidades de las investigaciones, nunca, nunca deben conllevar impunidad’, sentenció.

Justificó la divulgación de tales hechos con su deber por el cargo que ocupa y criticó al órgano Judicial que lo calificó de ‘endeble’, expresión no comprendida inicialmente por la opinión pública, aunque en menos de 24 horas se cumplió la primera de las anulaciones advertidas por la fiscal jefa.

Aunque Porcell se limitó a mencionar amenazas de ‘poderes económicos, políticos, empresariales, mediáticos y de la banca’, una denuncia que anticipó a sus declaraciones el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso), señaló al multimillonario Stanley Motta como responsable del bloqueo a las investigaciones.

Al mismo tiempo, Frenadeso publicó en redes sociales, horas antes de la procuradora, que ‘Magistrados se preparan para anular caso de (Felipe) Virzi en Riegos de Tonosí. Apoderarse de los expedientes de Odebrecht, Epasa y Financial Pacific. Y anular el caso de Finmeccanica (radares)’; este último ejecutado ayer.