Pocos se aventuran a predecir qué pasará el 1 de octubre cuando las autoridades de Cataluña buscarán consumar un referendo para separarse de España, que desde el gobierno de Mariano Rajoy aseguran no se materializará.

En las últimas semanas, la Generalitat (ejecutivo catalán) aceleró el proceso para lograr la secesión de esa comunidad autónoma con la revelación de algunas disposiciones destinadas a avalar su complejo desafío.

A principios de julio, los partidos independentistas que conforman el gobierno autonómico presentaron la ley con la que pretenden amparar su controvertida consulta, considerada inconstitucional por la justicia española y la administración de Rajoy.

De ganar el sí en esa eventual votación, el parlamento catalán declarará la independencia de la región en 48 horas, según el proyecto de la llamada Ley del Referéndum de Autodeterminación, pendiente de tramitación en la cámara legislativa.

La base legal sobre la que se asienta la normativa se refleja en su artículo dos, según el cual el pueblo de esa región del noreste de España es un ‘sujeto político soberano’ y, como tal, ejerce el derecho a decidir libre y democráticamente su condición política.

Argumentos impugnados por el gobierno central, que en reiteradas ocasiones subrayó que la soberanía nacional reside en el pueblo español, como sostiene la Constitución del país europeo. El texto expone que Cataluña es soberana para consultar a sus ciudadanos, apoyándose en la defensa del derecho fundamental de autodeterminación recogido en los tratados internacionales.

Señala que ese hipotético referendo -en el que están aptos para votar 5,5 millones de los 7,5 millones de catalanes- será vinculante, no estableciendo ningún límite para la participación en el mismo.

Ante posibles querellas u otras acciones judiciales, la flamante norma protege ‘a todas aquellas autoridades, personas y empresas que participen directa o indirectamente’ en la preparación y celebración de la consulta.

Además, confirma la fecha y la pregunta de la votación previamente anunciadas por el presidente catalán, Carles Puigdemont: ‘¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?’.

La coalición de gobierno Juntos por el Sí y la Candidatura de Unidad Popular, promotores del desafío separatista, aseguraron que la legislación de la consulta es suprema y prevalecerá sobre cualquier otra que pueda contradecirla.

Los diputados de esos grupos defendieron que organizaciones internacionales como Naciones Unidas o la Corte Internacional de Justicia, autoridades reconocidas por la ley española, garantizan el ejercicio del derecho a la autodeterminación.

Tras la Ley del Referéndum, la Generalitat escaló un nuevo peldaño en su pretensión unilateral de alcanzar la independencia, al exponer a finales de agosto la norma que establecerá un marco legal alternativo al español.

Juntos por el Sí (JxSí) -coalición gobernante en Cataluña- y la Candidatura de Unidad Popular (CUP) presentaron la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República catalana.

Dicha normativa es la principal de las llamadas leyes de desconexión, y entraría en vigor después de un eventual triunfo del sí en el referendo de autodeterminación previsto para el próximo 1 de octubre.

JxSí y la CUP, formaciones soberanistas que ostentan la mayoría en el parlamento regional, explicaron que esta disposición busca cubrir la fase inmediatamente posterior al referéndum, y sólo seguirá adelante si gana la opción a favor de la separación.

Tras un período de transición, ‘iremos a un proceso constituyente: la propuesta y constitución de la República catalana’, subrayó Lluís Corominas, diputado de Juntos por el Sí, alianza entre Esquerra Republicana (izquierda) y el Partido Demócrata (derecha).

Las fuerzas secesionistas afirmaron que la citada ley, que también será aprobada antes de la realización de la polémica consulta, regulará ese proceso constituyente y establecerá cómo se gestionarían las competencias que hoy pertenecen al Estado español.

Por su parte, el diputado de la CUP Benet Salellas resaltó que esta norma ‘dinamita’ cualquier intento de abrir un nuevo proceso soberanista, que concluirá de forma definitiva si triunfa el sí en el sufragio de octubre, enfatizó.

Rajoy exhortó a Puigdemont a abandonar sus planes de ‘ruptura, de división y de radicalidad’.

Las tensiones entre el ejecutivo central y su par autonómico quedaron aparcadas tras los atentados terroristas del pasado 17 de agosto en las ciudades catalanas de Barcelona y Cambrils, pero volvieron a aflorar 10 días después de esos ataques.

En una multitudinaria manifestación contra el terrorismo y en recuerdo a las víctimas de los atentados, celebrada el 27 de agosto en la Ciudad Condal, tanto Rajoy como el rey Felipe VI fueron abucheados por numerosos asistentes.

INMOVILISMO FRENTE AL DIFERENDO CATALÁN 

El presidente del Gobierno español se mostró contrario a analizar cualquier iniciativa para afrontar la grave crisis territorial en Cataluña.

Durante una rueda de prensa tras reunirse este verano en Mallorca (Baleares) con el rey Felipe VI, el mandatario confesó ser partidario de ‘no hacer nada’ antes del 1 de octubre.

Respondió en esos términos al ser consultado sobre una iniciativa del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), principal de la oposición, para evitar una mayor confrontación con esa rica región.

El PSOE propuso la creación en septiembre en el Congreso de los Diputados de una comisión de estudios para transformar el actual modelo territorial, que siente las bases hacia una futura reforma de la Constitución.

‘Antes del 1 de octubre soy partidario de no hacer nada’, insistió Rajoy, cuya administración fue acusada reiteradas veces de dejar agravar ese conflicto en los últimos años y de exacerbar los sentimientos secesionistas ante la falta de soluciones políticas.

De hecho, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, criticó en numerosas ocasiones al gobernante por su inmovilismo frente al desafío catalán.

El secretario general de la centenaria agrupación socialdemócrata emplazó al mandatario a hacer propuestas políticas para desatascar el problema e impedir que se consume el proyectado referéndum.

‘Si la política solo fuera el respeto escrupuloso a la ley, gobernarían los jueces. Los políticos no se pueden esconder detrás de tribunales’, afirmó Sánchez, en alusión a la postura asumida por el jefe del Ejecutivo en el último lustro de judicializar el diferendo en Cataluña.

Rajoy, quien es además presidente del conservador Partido Popular (PP), solicitó al máximo dirigente de los socialistas caminar juntos, en lugar de abrir debates como el de la reforma de la Carta Magna.

A su juicio, en este momento es una prioridad inexcusable que haya un acuerdo entre el PP, el PSOE y los liberales de Ciudadanos ante el proceso soberanista, y cometerían un error si no lo hacen, advirtió.

Anticipó que su gobierno impugnará las denominadas leyes de desconexión ante el Tribunal Constitucional (TC) si la mesa del parlamento catalán las califica para su tramitación legislativa, pues lo que se pretende hacer, denunció, es absolutamente ilegal.

Aparte de los conservadores, los socialdemócratas del PSOE y los liberales de Ciudadanos se oponen a los planes secesionistas y los consideran inconstitucionales.

La coalición progresista Unidos Podemos, tercera fuerza política de esta nación ibérica, respalda la celebración de un referéndum consensuado con el Estado -no unilateral-, aunque apuesta por la permanencia de Cataluña en España.

Además, un sector de la izquierda soberanista catalana ratificó sus dudas respecto a la viabilidad de la consulta.

La líder de Cataluña en Común, Ada Colau, aseguró que esa coalición de partidos respaldará la convocatoria a esa votación como una movilización por el derecho a decidir, pero no la consideró una iniciativa vinculante sobre el futuro de esa comunidad autónoma.

En un escrito publicado en su perfil de Facebook, Colau explicó que esa alianza de agrupaciones entiende el referendo como una acción contra el gobierno central por su inmovilismo ante el proceso separatista.

Alertó que esa hipotética consulta puede ser ‘unilateral respecto a la mitad del pueblo que tiene derecho a decidir’, en referencia a la polarización existente en la sociedad catalana.

El pulso secesionista se disparó en Cataluña en 2010, cuando el TC decidió anular algunos puntos del nuevo Estatuto de Autonomía catalán, una suerte de Constitución regional.

Aunque no está claro cómo se celebrará la votación, si como se prevé queda suspendida por la Justicia española, la Generalitat insiste en su determinación de consultar a la ciudadanía, algo que quieren la mayoría de los catalanes, según los sondeos.

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