A pesar del cuestionado fallo de nulidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá en un escandaloso caso de corrupción, las evidencias muestran lesión patrimonial, señaló ayer el opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD).

En conferencia de prensa, la alta dirigencia del PRD responsabilizó del hecho al Ministerio Público (MP) y al Ejecutivo, por no tomar las medidas imprescindibles para enfrentar la avalancha de expedientes de alto perfil de la administración anterior encabezada por el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014).

Una sutil defensa del organo Judicial asumió Pedro Miguel González, secretario general de ese partido, al señalar que ‘si por deficiencias en la investigación, por incompetencia del MP, o del fiscal encargado, se produjo esta situación, el PRD hace énfasis’ que en este y otros casos hay certeza de corrupción.

Insistió en que ‘los principales responsables de esta situación son la Procuradora General de la Nación (Kenia Porcell) y el presidente de la República Juan Carlos Varela’, porque el argumento de la Corte fue la actuación de la Fiscalía después de vencido el plazo de la investigación.

González aseguró que el referido caso ‘tenga como ponente a una recién instalada magistrada nombrada por el señor Varela’, en referencia a Ángela Russo, designada para el cargo en diciembre de 2015.

‘El PRD no está de acuerdo con utilizar el aparato judicial del Estado en vendettas de carácter político’, afirmó, tras criticar al mandatario por sus declaraciones ‘amenazando al presidente de la CSJ’.

Las opiniones de González complementaron un comunicado del PRD, donde calificaron la actitud del presidente como ‘intromisión indebida del Poder Ejecutivo sobre el funcionamiento del Poder Judicial’, y advirtió que ello coloca a Varela ‘en el límite de un eventual proceso judicial’.

El dirigente político dejó entrever un respaldo del mandatario al MP frente al organo Judicial, y exhortó a todos los sectores del país a la ‘defensa de la institucionalidad democrática’, mientras aseguró que la corrupción será develada, pero ‘no con actuaciones mediocres del MP’.

Una crisis política generó en Panamá la anulación del caso de compra de radares, en cuya transacción la justicia italiana detectó y sancionó delitos de ‘corrupción internacional’, pero en Panamá quedaron sin juicio José Raúl Mulino, exministro de Seguridad y Alejandro Garúz, ex jefe del Consejo de Seguridad Nacional.

Esto fue precedido de una denuncia de Porcell, quien acusó que ‘no permitir que los fiscales puedan concluir es, desde nuestra óptica, trabajar por impunidad’, y adelantó que las pesquisas permitieron descubrir una estructura de criminalidad organizada.

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