Por un lado, la Dirección Nacional del movimiento político Alianza País (AP), ganador de las últimas elecciones en Ecuador, afirmó que respaldaría una eventual consulta popular impulsada por el Presidente si se oriente a “ampliar derechos, justicia social, e igualdad de oportunidades para todos los ecuatorianos”.

Por otro lado, advirtió que no será apoyado ningún proceso que responda a la agenda política y económica de la derecha, rechazada por los ecuatorianos a través del voto. Si eso ocurriera, la fuerza oficialista deslizó que podría promover un proceso constituyente, “en caso de verse afectada la estructura del Estado y los derechos fundamentales del pueblo ecuatoriano”.

Mediante una resolución, los dirigentes de AP consideraron que hay una presión ilegítima por imponer las agendas de los poderes oligárquicos, de la banca y de los grupos políticos de derecha” y que esa presión “se orienta tanto a temas de retroceso social y económico, como de desestabilización política”.

Una preocupación central del movimiento político es la agenda económica que debate el gobierno de Lenín Moreno en el marco del llamado “diálogo productivo y tributario”. Posibles medidas como la eliminación progresiva del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) son consideradas como “un grave golpe a la economía del país”.

“Alianza País no permitirá ninguna medida que afecte a la economía de las grandes mayorías populares”, agrega la resolución, que denuncia las iniciativas de “aquellos que quieren flexibilización laboral y no pagar impuestos”.

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