A un mes de la desaparición de Santiago Maldonado, la lucha por su aparición exige revisar las distintas falacias con las que buscan desprestigiar esa lucha

En toda la semana que transcurrió no se habló de otro asunto: Santiago Maldonado se convirtió en tema político, social y mediático. Se dijo, de todas formas, mucho, acaso demasiado. El tratamiento en los medios no fue limpio, para variar. Se le quiso borrar el carácter político. También se generaron debates de esos cuya vara mide parámetros muy variados. Pero nadie pudo ignorar la desaparición de Santiago. Y para estas alturas, luego de una muy concurrida marcha, probablemente pocos se hayan abstenido de dar su opinión.

No todo es discutible

La desaparición de Santiago abrió, inevitablemente, el doloroso capítulo de los desaparecidos en democracia. Santiago no es el primer desaparecido en democracia. Y la palabra desaparecido tiene, como inevitable huella histórica, connotaciones profundas e identitarias.

Según la Coordinadora Contra la Represión Estatal e Institucional en Argentina hay aproximadamente 200 desaparecidos en democracia. Julio López, Miguel Bru y Luciano Arruga son algunos de los más recordados, pero la lista continúa. Tantos casos evidencian que las fuerzas represivas del Estado han continuado vigentes incluso después del Nunca Más.

Decir que la gendarmería es más Estado que la Bonaerense o la Federal es una inconsistencia política, de las que abundaron en estos días. Santiago no es el único desaparecido en democracia ni el primero que evidencia la responsabilidad del Estado, palabra por demás compleja.
El estado: maquinaria de poder que excede al poder ejecutivo, herramienta de control que es el exceso de un cana, la inoperancia de un juez, la vista gorda de un fiscal, el currito de un municipal, el silencio o los comentarios malintencionados de los medios, una tapa de diario que mata dos veces; y también, jefes que dan la orden de reprimir, de disparar; patotas pro dictadura que se chupan a un testigo; empleados de un hospital que dejan que a un pibe lo rotulen como NN y miran para otro lado. ¿Hablamos todos de lo mismo cuando decimos Estado?

Muchos de los desaparecidos lo son por razones políticas. Discernir entre ellos no debería quitarle valor a cada búsqueda: las desaparecidas como víctimas de trata (Marita Verón, María Cash), los desaparecidos por cualquier fuerza represiva (entre ellos, la larga lista de pibes desaparecidos por la policía), los desaparecidos por investigar o ser testigos de causas (Julio López). Entre decir “todos los días hay desaparecidos” (y por eso Santiago no sería importante) y pretender que “Santiago es el primer desaparecido en democracia con responsabilidad del Estado” (negacionismo de los que pretenden a una Cristina Kirchner inmaculada) hay un punto en común: hacer de la coyuntura una estrategia oportunista y no una nueva posibilidad para sostener coherencia en la indignación y el reclamo.

Santiago Maldonado es un desaparecido más en democracia. Se suma a engrosar la lista de los desaparecidos por el Estado. Pero además, el cambio de carátula a desaparición forzada abrió una segunda polémica. Porque a la gravedad de su desaparición, se añaden las pruebas de que Santiago fue desaparecido, como indica la definición de desaparición forzada: por agentes del Estado o personas que actúen “con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona” o de “la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”, figura que está contemplada en el Artículo 142 del Código Penal.

El de Santiago es un caso de desaparición forzada porque fue visto con vida por última vez durante un operativo de gendarmería, y porque la investigación fue desviada permanentemente. Hay responsabilidades directas: el juez Guido Otranto, a cargo de la investigación, el Jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, presente durante el operativo, y la Ministra Nacional de Seguridad Patricia Bullrich, quien intentó deslegitimar la búsqueda y aportó permanentemente información falsa.

Si bien, una vez más, Maldonado no es el primer caso de desaparición forzada (según el CELS hay otros, como el de Luciano Arruga –cuya desaparición culminó con el hallazgo de su cuerpo seis años después–, Daniel Solano, o Facundo Alegre, muchos de ellos desaparecidos por fuerzas policiales), este no sería motivo para menospreciar la gravedad del asunto. La vida de Santiago Maldonado no es más ni menos importante que otras. Por eso mismo, bienvenida la oportunidad mediática para transformar esta lucha en emblema. Por todos los que no contaron con la inmediata visibilización, es que urge unir esfuerzos por esta lucha.

La figura de desaparición forzada, si bien tiene reminiscencias con las ocurridas durante la única dictadura militar, exige la revisión aparte durante los distintos períodos de la democracia reciente. A pesar de presentar elementos de similitud con el modo de accionar durante la dictadura, la desaparición forzada en contexto democrático no requiere de un plan sistemático (contrariamente a lo que argumentó la ministra Bullrich).

Sin embargo, el caso Maldonado suma hechos de enorme gravedad insoslayables: son muy evidentes tanto la relación con altos funcionarios del gobierno así como los intentos por evadir responsabilidades. Santiago desapareció en medio de una manifestación mapuche que fue reprimida por Gendarmería y con la presencia de un alto mando como Noceti, lo que lleva casi al absurdo la pretensión de desviar la responsabilidad más que directa del Estado.

La tapa que querían

La emotiva marcha del viernes 1/9 fue llevada a cabo con mucha cautela. Con muchísima concurrencia en la plaza de Mayo y sus inmediaciones (se calcula la asistencia de 150 000 a 250 000 personas), quienes llegaban al epicentro se encontraban con un escenario rodeado por varias líneas de vallas. En el escenario central alternaron las breves y oportunas intervenciones musicales con la lectura de palabras a cargo exclusivamente de familiares. Los motivos fueron explícitos: había un extremo recaudo para que la organización del acto no fuera utilizado para deslegitimar el reclamo. Por detrás de la familia de Santiago, partidos, organizaciones sociales, sindicales y de DDHH adherían al acto que pretendía no ser capitalizado por ningún sector en especial.

Sin embargo, en medio de una masiva concurrencia y a pesar de la precaución extrema en la organización del acto, los uniformados de siempre optaron por capitalizar disturbios menores y aislados, y organizar una cacería de detenidos. La imagen de una Plaza desbordante pidiendo la aparición de Santiago y la renuncia inmediata de Bullrich y Noceti pudo ser reemplazada por la de disturbios y con una veintena de detenidos en distintas comisarías. Clarín coronó su portada del 2/9 así: “La marcha por Maldonado terminó con violencia: 20 heridos y 23 detenidos”. Y también la Nación: “Terminó con serios incidentes la marcha que reclamó por Maldonado”. Ambos hicieron gala del impersonal que borra responsabilidades policiales y políticas, una vez más. Al siguiente día, La Nación sumó barro a la cancha: “El gobierno apunta al Kirchnerismo por los disturbios en la marcha”.

La estrategia resulta una copia de la utilizada con las movilizaciones feministas, en principio, mostrando pintadas como muestra de vandalismo; y en especial, con la cacería de “detenidos” a cargo de la policía en las horas posteriores a la marcha. Un accionar reproducido casi idénticamente.

La estupidez mediática de siempre

El uso mediático de los disturbios y las detenciones arbitrarias de la policía durante la masiva marcha por Santiago Maldonado es una más entre otras estrategias que se vienen llevando a cabo.

En los programas televisivos de siempre, la aparente indignación por la desaparición de Maldonado se entrecruza (no inocentemente) con comentarios despectivos hacia el conflicto mapuche, se intenta sembrar el trillado pánico al terrorismo (esta vez con la sigla RAM) o le dan al desaparecido vacaciones por Chile, todo a la misma vez. Ocuparse del tema pero sembrar dudas parece ser una estrategia efectiva destinada a quienes tienen la pereza de buscar otras fuentes informativas o ya se acostumbraron a confiar en la caja boba.

Mientras los medios más vistos colaboran con el encubrimiento de este caso, la seriedad en la comunicación, la difusión de pruebas por vías alternativas, las declaraciones conjuntas de organismos de DDHH y la movilización masiva parecen ser algunas de las posibilidades de romper con la indiferencia o elevar la calidad de falsos debates.

Esfuerzos necesarios en un contexto de desaparición forzada de derechos.