Valeria Mejía es una joven veinteañera que estudia Relaciones Internacionales en la Universidad Americana de Washington DC. Aunque nació en México, llegó a Estados Unidos con solo tres años y desde entonces este país se convirtió en su hogar.

El 5 de septiembre pasado Orbe la encontró junto a cientos de personas movilizadas frente a la Casa Blanca para protestar contra una polémica decisión del presidente Donald Trump: rescindir el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

Tal mecanismo se aprobó hace cinco años por el exmandatario Barack Obama (2009-2017) para permitir a jóvenes indocumentados traídos a esta nación cuando eran niños permanecer aquí y obtener permisos de trabajo, renovables cada dos años, si cumplen ciertos requisitos.

A través de la iniciativa, que ha beneficiado a unas 800 000 personas, se protege de la deportación a los conocidos como ‘dreamers’ (soñadores), pero su eliminación los pone en peligros de ser sacados de un territorio que, en muchos casos, constituye el único país que conocen.

El fiscal general norteamericano, Jeff Sessions, fue el encargado de realizar el controvertido anuncio del fin del DACA, mientras funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional precisaron que no aceptarán nuevas solicitudes y que los beneficiarios actuales no se verán afectados hasta el 5 de marzo de 2018.

Tal fecha fue dada como plazo para que el legislativo trate de buscar un plan alternativo destinado a proteger a personas como Valeria, pues si bien el Gobierno sostiene que no dará prioridad a la deportación de soñadores, no hay garantías de que no serán detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

El Congreso tiene ahora seis meses para legalizar el DACA. Si no pueden, voy a revisar este problema, escribió Trump en su cuenta personal de Twitter, aunque luego evitó explicar a qué se refería con esa eventual revisión.

A pesar del apoyo mostrado por sus partidarios, fueron numerosas las voces que se alzaron contra la medida: políticos demócratas y republicanos, líderes estatales y locales, ejecutivos de empresas tecnológicas, figuras del mundo del espectáculo y muchas organizaciones civiles.

Para Valeria, como para muchos otros beneficiarios, el DACA representa la posibilidad de estudiar, formarse y después aportar a la comunidad.

‘Podrán quitar el programa, pero no acabarán con la dignidad de estos muchachos’, manifestó a esta publicación el profesor estadounidense Louis Rollins; mientras frente a la mansión ejecutiva se escuchaban consignas como ‘Aquí estamos y no nos vamos’.

El miércoles último, 11 estados y el Distrito de Columbia presentaron una demanda contra la eliminación de la iniciativa, encabezada por los fiscales generales de Washington, Bob Ferguson; Nueva York, Eric Schneiderman; y Massachusetts, Maura Healey.

Sin embargo, expertos legales consideran que una acción de ese tipo resulta muy difícil, y el único camino posible para los soñadores parece ser la capacidad de consenso que logre un Congreso hasta ahora demasiado dividido.

En estos días ha habido abundantes llamados al legislativo para que actúe con urgencia, miembros de ambos partidos han expresado la voluntad de buscar una salida y el propio Trump manifestó que los integrantes del Capitolio quieren un trato.

Pero también hay escépticos que ponen en duda un acuerdo en tan poco tiempo, o prevén que la búsqueda de una solución para estos jóvenes pretenda canjearse por el apoyo demócrata a temas polémicos como la construcción de un muro fronterizo con México o la reducción de la inmigración legal.

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