Ya ha pasado un año y medio de la muerte de Berta Cáceres, lideresa indígena hondureña asesinada a tiros en su casa la noche entre del 2 de marzo de 2016.

Dos días antes de cumplir 45 años. Dieciocho meses después, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), grupo que contribuyó a crear al comienzo de los años 90 y que coordinaba, quiso recordarla y celebrarla en la comunidad de Río Blanco, departamento de Intibucá, que con los años se ha convertido en un simbólico lugar de resistencia del pueblo lenca, como explica un comunicado.

La lucha para acompañar a Río Blanco a fin de defender el río Gualcarque, sagrado para el pueblo lenca y amenazado por la construcción del proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca, fue la última gran movilización de los copines liderada por Cáceres, en el Honduras del posgolpe de Estado de 2009, que con mucha probabilidad representó su condena. A Cáceres no consiguió salvarla el premio Goldman, prestigioso galardón internacional que le entregaron en Estados Unidos en la primavera de 2015. Tampoco las demandas de justicia amplificadas por los medios de comunicación de todo el mundo logran mover al gobierno de su país a identificar a los autores intelectuales del asesinato cometido en el domicilio de Berta, en La Esperanza, donde resultó herido el ciudadano mexicano Gustavo Castro Soto, también activista y amigo de la víctima.

El proceso judicial se ha limitado a imputar a los meros ejecutores, mientras se sabe que muchos de ellos están vinculados con Desarrollos Energéticos SA (Desa), la empresa titular de la concesión para construir la presa de Agua Zarca. Por su parte, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras de la Organización de los Estados Americanos ha abierto una investigación sobre este proyecto y las operaciones de la compañía en el país.

Las causas estructurales del asesinato de Berta Cáceres no han sido modificadas y por eso el Copinh seguirá en la lucha, y lo hará mientras nuestra voz, la voz de los lencas, no sea escuchada ni sea determinante en la definición de los proyectos que afectan a nuestros territorios, explica Bertha Zúniga Cáceres, hija de Berta, que a los 26 años fue nombrada nueva coordinadora general del Copinh, en 2017.

Este consejo pide –según Zúñiga– el respeto de los principios de autonomía, libertad y autodeterminación de los pueblos indígenas reconocidos por el convenio 169 de la Organización de las Naciones Unidas, que Honduras ha ratificado, pero no aplica. Berta Cáceres y su memoria representan un símbolo de fuerza y de resistencia por el Copinh. Las comunidades siguen amenazadas, y después del asesinato de mi mami ha pasado lo mismo con otros militantes. Mientras tanto, el Estado hondureño no quiere resolver el caso judiciario (explica la nueva coordinadora del Copinh): en agosto hubo una audiencia, reprogramada para el 6 de septiembre, que fue nuevamente postergada hasta el 27 de septiembre. ¿El motivo?: La falta de cumplimiento por parte del Ministerio Público de la orden de la jueza para que se entregue a los abogados del Copinh y la familia la información básica necesaria para participar en el juicio, explica un comunicado del Copinh. “Es una actitud constante –dice Bertha Zúñiga– que consideramos cómplice de los intereses que han llevado al homicidio de Berta Cáceres. Estas omisiones representan un símbolo de impunidad”.

A pesar de la salida de dos financiadores –Netherlands Development Finance Institution (FMO) y la Finnish Fund for Industrial Cooperation (Finnfund)– y de la suspensión del proyecto Agua Zarca, anunciada en julio de 2017, las amenazas para el río Gualcarque y la comunidad de Río Blanco siguen vigentes: “El Banco Centroamericano de Integración Económica sigue financiando a Desa, y los otros dos declaran querer cumplir un proceso de ‘salida responsable’, que traducen en una consulta en las comunidades del área, para preguntar a la población si quiere o no una presa hidroeléctrica”, cuenta Bertha Zúñiga.

Eso viola el derecho de las comunidades a una consulta previa e informada, antes de cualquier autorización a un proyecto de este tipo, y representa un insulto a Berta Cáceres, al trabajo del Copinh y a las organizaciones solidarias, que desde 2013 han pedido en todo el mundo la cancelación de Agua Zarca, debido a la relación entre Desa y las violaciones de derechos humanos, que culminan con el asesinato de Berta y de otros activistas del Copinh. La consulta podría terminar alimentando conflictos entre las comunidades de la zona y poniendo en riesgo a todos los que viven en Río Blanco.

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