Cientos de miles de personas salieron ayer a las calles de Barcelona, capital de Cataluña, para reclamar la independencia de esa región del noreste España, cuyas autoridades convocaron a un referendo de autodeterminación el 1 de octubre.

De acuerdo con los organizadores de la movilización, más de medio millón de ciudadanos participaron este lunes en la celebración de la Diada o día nacional de esa comunidad autónoma.

La conmemoración de la fiesta principal de ese territorio estuvo marcada este año por el desafío secesionista lanzado del gobierno catalán, que la semana pasada firmó el decreto de convocatoria a la consulta unilateral para intentar liberarse de la soberanía española.

Desde 2012, el 11 de septiembre, que recuerda la derrota de Barcelona ante las tropas borbónicas en 1714 y la consecuente pérdida del autogobierno catalán, es motivo de multitudinarias protestas a favor del derecho a decidir de los catalanes.

El presidente de la Generalitat (ejecutivo autonómico), Carles Puigdemont, ratificó que la polémica votación se llevará a cabo pese al rechazo frontal del gobierno de Mariano Rajoy y de la justicia del país europeo.

En declaraciones a periodistas, el mandatario regional indicó que, en caso de ganar el sí, se iniciaría de inmediato un período de desconexión que concluiría en la declaración de la república independiente catalana.

‘No es una opción para nosotros que no se celebre (el referéndum)’, enfatizó.

Rajoy aseguró el pasado sábado que aplicará todo el peso de la ley para impedir la celebración de la consulta en Cataluña, territorio de 7,5 millones de habitantes que en 2014 efectuó un referendo no vinculante en el que triunfó la opción secesionista.

‘No habrá referéndum y haré todo lo necesario para ello, porque es mi obligación preservar la unidad nacional’, resaltó el presidente del Gobierno español durante un acto de su agrupación, el conservador Partido Popular.

Las autoridades políticas y judiciales de la nación ibérica arreciaron el tono contra responsables catalanes, entre ellos directores de medios de comunicación, mandos policiales y alcaldes, para disuadirlos de participar en la organización del sufragio.

Tras admitir el jueves cuatro recursos del gobierno central contra la consulta, lo cual provocó su suspensión cautelar, el Tribunal Constitucional lanzó una advertencia a más de un millar de altos funcionarios catalanes.

El alto tribunal alertó sobre todo a los 948 alcaldes de esa región, quienes deben decidir si abren sus locales para permitir la votación del 1 de octubre, como les pidió por carta Puigdemont.

Según un sondeo publicado en julio por el instituto demoscópico público catalán, más del 70 por ciento de los encuestados apostaba entonces por ir a votar a las urnas, aunque un 41,1 por ciento se mostró partidario de la escisión frente a un 49,4 por ciento en contra.

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