El Ministerio Público (Fiscalía) del estado brasileño de Amazonas (noroeste) investiga una supuesta masacre de indígenas aislados en el interior de esa zona que habría sido cometida por un grupo de mineros ilegales.

Los hechos habrían ocurrido el pasado mes de agosto pero salieron a la luz el pasado fin de semana.

El área investigada está entre los ríos Jandiatuba y Jutaí, cerca de la frontera con Perú y a 1.000 kilómetros de la capital de estado de Amazonas, Manaos.

Está considerada una de las regiones de Sudamérica con más presencia de tribus no contactadas y la zona es de muy difícil acceso (para llegar al lugar de los hechos se necesitan al menos 12 horas de barco).

Según la Funai, la denuncia surgió después de que se viera a algunos «garimpeiros», nombre con el que se denomina a quienes practican actividades de minería ilegal, en el municipio de Sao Paulo de Olivença (al oeste del estado de Amazonas) hablando sobre el ataque.

No obstante, organizaciones indígenas de la región hablaron de una cifra de muertos que va entre diez y 20 personas, según recogen algunos medios locales.

La presunta masacre provocó las críticas de organizaciones en defensa de los derechos de los pueblos indígenas, que la relacionan con las políticas del Gobierno de Michel Temer.
«Si los hechos se confirman, el presidente Temer y su Gobierno poseen una gran responsabilidad en este ataque genocida», aseguró el director de Survival International, Stephen Corry, en un comunicado.

Según esta organización, los recortes en el presupuesto de la Funai dejaron a decenas de tribus aisladas sin defensa contra miles de invasores, como «garimpeiros», granjeros y madereros, que están «desesperados por robar sus tierras».

En su opinión, las tierras de estas tribus deberían haberse reconocido y protegido hace años, lo que podría haber evitado una masacre anunciada: «El apoyo del Gobierno a los que quieren abrir territorios indígenas es extremadamente vergonzoso», concluye la organización no gubernamental.

En las últimas semanas el Gobierno de Temer y los diputados «ruralistas» del Congreso Nacional impulsaron diversas medidas que buscan desproteger grandes zonas de selva amazónica y facilitar los usos agrícolas, ganaderos y de minería, lo que provocó una fuerte contestación en la sociedad civil.

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