Diversos partidos de la oposición exigieron ayer la comparecencia ante el Parlamento español del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, tras ordenar investigar a más de 700 alcaldes partidarios de un referendo secesionista en Cataluña.

La solicitud fue registrada en el Congreso de los Diputados por el Partido Demócrata Catalán (Pdecat), Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Unidos Podemos, Compromís, el Partido Nacionalista Vasco y EH Bildu.

Esas agrupaciones reclaman que Maza explique su decisión de imputar a los regidores catalanes que cedan espacios para la celebración del referéndum independentista del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional (TC).

En una instrucción remitida este miércoles a las cuatro fiscalías provinciales catalanas, el fiscal general advirtió que los Mossos d’Esquadra (policía regional) tienen órdenes de arrestar a los corregidores que no se presenten al interrogatorio.

La disposición se produce después que 712 de los 947 alcaldes de Cataluña se comprometieron a colaborar con la realización de la polémica consulta, convocada por el gobierno autonómico con el fin de convertir esa región española en un Estado independiente.

Uno de los alcaldes citados es el de Tortosa, Ferrán Bel, quien en su condición de diputado en el Congreso por el Pdecat manifestó que Maza pretende actuar contra el 75 por ciento de los ediles catalanes, por un delito tan grave como dejar votar a los ciudadanos, ironizó.

Denunció que la decisión del ministerio público es una prueba más de la incapacidad y la impotencia de un gobierno (el de Mariano Rajoy) que no sabe resolver un problema político desde la política y pretende esconderse detrás de jueces y fiscales.

A juicio de Bel, se trata de una actuación sin precedentes en Estados democráticos, con el único propósito de causar miedo a los alcaldes, concejales y ciudadanos que quieren votar el 1 de octubre.

La diputada de ERC Esther Capella calificó de causa general la ofensiva de la Fiscalía General, institución a la que acusó de estar a la orden y al dictado de ejecutivo español.

Los diputados de los grupos firmantes de la iniciativa recordaron en rueda de prensa que el Congreso pidió el cese de Maza en primavera por intentar proteger a la formación de Rajoy, el conservador Partido Popular, salpicado por numerosos escándalos de corrupción.

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