La oligarquía salvadoreña construyó su imperio económico gracias a la corrupción institucionalizada durante los gobiernos de la derecha, hecho documentado por el economista Salvador Arias en su más reciente publicación.

El Libro Negro de la Corrupción recopila casos investigados por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, que prueban el desfalco de 34 mil millones de dólares durante las cuatro presidencias de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

La investigación duró unos siete años, y evidenció que la corrupción se agudizó en esta nación centroamericana con la privatización de la administración de los fondos públicos, sobre todo durante el gobierno del fallecido presidente Francisco Flores.

Solo en la administración de fondos públicos se registraron denuncias de 12 mil millones de dólares y un estimado de 27 mil millones en corrupción fiscal, sobre todo en empresas propiedad de funcionarios areneros, desde la presidencia de Alfredo Cristiani.

‘Presidentes, ministros, directores, jefes, alcaldes, diputados y mandos medios, se han encargado durante los 20 años de gobierno de ARENA, aparentemente de jaquear la hacienda pública de El Salvador, es decir, la corrupción ha sido un carnaval’, escribe Arias.

El investigador emplazó a la Corte Suprema y a la Fiscalía General de la República a hacer algo con estas pruebas, pues más de 400 personas tienen indicios transparentes de enriquecimiento ilícito y sin embargo no son investigadas.

La documentación oficial obtenida de la Oficina de Acceso a la Información Pública revela quienes fueron apañados durante dos décadas por las mismas autoridades que ahora claman una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad.

‘Durante décadas vivimos en la oscuridad en cuanto a información del quehacer público, hablar de transparencia era una mala palabra, una ofensa’, expresó el también autor de Atlas de la pobreza y la opulencia en El Salvador y El Manual de la Corrupción de Arena.

Denunció el sesgo político de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, que abre juicios por corrupción contra funcionarios de la presidencia de Mauricio Funes, pero no toca a los areneros, salvo al ex-mandatario Antonio Saca, expulsado del partido oligárquico.

Negó, además, que el fiscal general Douglas Meléndez cumpla con su responsabilidad de perseguir la corrupción en El Salvador, y se limita a acatar las indicaciones de la Embajada de los Estados Unidos y los dueños del poder económico.

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