El gobierno español arreció hoy su control financiero sobre Cataluña, al aprobar un sistema para impedir que los fondos públicos de esa región sean destinados a sufragar el referendo de autodeterminación del 1 de octubre.

Según anunció el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, la administración conservadora de Mariano Rajoy se hará cargo de los pagos de servicios esenciales como salud, educación y sueldos de los empleados estatales en esa comunidad autónoma.

En una rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Ministros, Montoro indicó que se trata de un mecanismo de control novedoso que, anticipó, explicará la próxima semana en una comparecencia a petición propia en el Congreso de los Diputados.

‘No estamos sustituyendo competencias sino garantizando que los pagos no van a ninguna actividad ilegal’, remarcó el titular en alusión a la consulta unilateral convocada por el ejecutivo de esa región, que pretende separarse de España y proclamar un Estado independiente.

La intervención de las cuentas autonómicas afloró un día después que la Generalitat (gobierno catalán) anunció que dejará de enviar a Madrid su informe semanal de desembolsos, al considerar que ese refuerzo de fiscalización responde a un ‘control político’.

A juicio de las autoridades catalanas, esa medida es incompatible con la celebración del controvertido referéndum y no guarda además relación con los objetivos de estabilidad presupuestaria.

El vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, aseguró en una carta enviada a Montoro que Cataluña sigue comprometida en el objetivo de déficit establecido para las regiones, por lo que continuará enviando los informes de gasto, aunque lo hará sólo con periodicidad mensual.

La respuesta de Madrid al desafío secesionista fue interpretada por algunos medios de comunicación españoles como una ‘intervención de facto’ de las cuentas catalanas, definición que Montoro no negó.

El ministro insistió en que el mecanismo no limita las competencias de la comunidad autónoma, pero sí asegura que el dinero no se usa para el referendo, calificado de ilegal por el Ejecutivo de Rajoy y suspendido por el Tribunal Constitucional español.

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