Una acusación de prevaricato pesa hoy sobre Miguel Jurado, juez que dictaminó el cambio de medida cautelar de arresto domiciliario a prisión preventiva para el vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, vinculado al caso de corrupción Odebrecht.

La denuncia la hizo Eduardo Franco, abogado defensor del segundo mandatario, con el argumento de que Jurado no observó las normas ni actuó conforme a derecho, pues el cambio de medida solo es permitida cuando hay incumplimiento por parte del procesado, lo cual no ocurrió.

Jurado aprobó un pedido del fiscal general Carlos Baca, de prisión preventiva para Glas, por riesgo de fuga, a pesar de que el vicepresidente cumplía con el anterior dictamen de arresto domiciliario y en reiteradas ocasiones señaló no tener intenciones de abandonar el país.

Franco aseguró que el juez no es idóneo para garantizar un proceso penal justo e imparcial, por lo cual espera la designación de otro abogado para continuar el proceso contra Glas, quien, insistió, es inocente y debe salir en libertad.

Según afirmó en su cuenta en la red social Twitter: ‘Tanto Fiscal General como Juez Jurado han violado normas del debido proceso penal: la prision de @JorgeGlas es una muestra de ello!’.

La denuncia de la defensa ocurrió poco después de que la Corte de Justicia negó el recurso de habeas corpus al vicepresidente, preso hace 15 días en la cárcel 4 de Quito, tras considerar la detención legal y no violatoria de sus derechos.

Por su parte, el segundo mandatario insiste en que es víctima de linchamiento mediático y de un plan orquestado para sacarlo del cargo, pero reitera confianza en que al final del camino, se hará justicia.

Mientras, en las redes sociales la batalla es fuerte entre quienes respaldan a Glas y consideran un ‘funcionario transparente’ y aquellos que aprovechan cada revés para sembrar incertidumbre en la población y responsabilizarlo de corrupción.

De su lado, el bloque legislativo del gubernamental Movimiento Alianza PAIS, con mayoría en la Asamblea Nacional, mantiene la postura emitida en un comunicado el 4 de octubre, en el cual indica ‘firmeza en la convicción de que es la administración de justicia la encargada de establecer la verdad’ en el caso bajo investigación.

‘Solo mediante un proceso jurídico limpio, probo y transparente se puede establecer la culpabilidad o mantener la condición de inocencia del Vicepresidente’, advirtieron y añadieron que su deber como legisladores es velar por el respeto a la Ley y por la existencia de una justicia independiente y libre de presiones.

Glas forma parte de un grupo de 18 procesados en la investigación por el pago de coimas por la constructora brasileña Odebrecht en Ecuador, donde se presume entregó 33,5 millones de dólares en sobornos, entre 2007 y 2016, según un informe divulgado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

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