Advierten un aumento en las detenciones post marchas y la aplicación de viejas figuras penales. Aseguran que el objetivo es disuadir la participación en las movilizaciones.

Pasó por primera vez en la marcha de las mujeres del 8 de marzo. Cuando había terminado la movilización, la policía salió a cazar manifestantes que estaban comiendo pizza o iniciando el repliegue por Avenida de Mayo. Luego esa metodología se repetiría en sucesivas manifestaciones, pero el número de detenidos sería cada vez más grande. Y las capturas, al voleo. Los abogados especializados en Derechos Humanos que intervinieron ante los distintos operativos dan cuenta de un nuevo paradigma represivo que tiene el objetivo de atacar una arraigada práctica en la cultura política argentina: salir a la calle para manifestar.

Abogados de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional observan comportamientos de las fuerzas de seguridad y de la Justicia que hacen que el protocolo antipiquetes que anunció Patricia Bullrich en 2016 quede como un buen recuerdo. Ahora los voceros de las nuevas estrategias son el fiscal Germán Moldes que pidió negar las excarcelaciones a detenidos en manifestaciones, y el propio presidente Mauricio Macri, quien lo alabó de manera pública y hasta arriesgó que la intención de tirar una piedra es matar.

En la calle
Otro aspecto del nuevo estado de cosas es la cantidad creciente de detenciones. En la marcha por Santiago Maldonado, el 1 de septiembre, hubo 31 detenidos. El jueves de la semana pasada, cuando se cayó la sesión en la Cámara de Diputados, el número trepó a 45. Y el lunes subió a ochenta y tres.

«En las marchas del martes, jueves y lunes se vio lo mismo que el 1 de septiembre, en la movilización más masiva por la aparición de Santiago Maldonado: cargar sobre nosotros cuando desconcentramos, sobre el final de la actividad. Las detenciones del jueves fueron después de los festejos por la caída de la sesión», advirtió María del Carmen Verdú, de la Correpi.

Nahuel Bergier, abogado de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, sostiene que «se ha observado un accionar de la policía sin orden judicial que genera ataques sistematizados con detenciones al voleo y termina en imputaciones genéricas, sin sustento, cuyo objetivo es criminalizar la protesta y diluir las movilizaciones».

En los tribunales
Paula Litvachky, directora del Área de Justicia y Seguridad del Cels, sostiene que «las acusaciones a los manifestantes de delitos no excarcelables y el aumento de la intervención penal es para disuadir la participación en las marchas». Y subraya: «El mensaje es que hay un riesgo importante de quedar detenido, incluso a personas que no tienen nada que ver con la manifestación». Por su parte, Verdú argumenta que «lo que más llama la atención, más que la conducta de las fuerzas, es el mecanismo posterior, el judicial. Están desempolvando figuras legales que habilitan la intervención judicial, como intimidación pública, sedición y rebelión, tipos penales que no se veían desde 2001».

Otro de los elementos identificados por la Correpi es la demora de los tiempos legales para postergar la salida de los detenidos. El juez Marcelo Martínez De Giorgi mantuvo incomunicados durante un fin de semana a los detenidos de la marcha de Santiago. Este lunes, el juez Sergio Torres, en medio de un cacerolazo creciente que terminó en el Congreso, liberó a los manifestantes antes de que llegara el reclamo por su liberación a la puerta de su juzgado.

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