Cuando el presidente Pedro Pablo Kuzcynski, al anunciar el indulto al exgobernante Alberto Fujimori, dijo que »las heridas abiertas solo podrán curarse a partir de un esfuerzo reconciliador y de una voluntad de la que todos debemos formar parte», seguro no pensó que la realidad se le mostraría totalmente diferente, pues Perú vive una secuela de polarización y protestas.

Apenas había terminado su mensaje televisado, poco antes de la Nochebuena que precede la Navidad, fecha de paz y concordia, cuando en las redes de Internet los mensajes de saludo por la festividad y de planes para disfrutarla, fueron bruscamente reemplazados por llamados a la protesta, horizontales y espontáneos.

Como nunca había ocurrido antes en una fecha como esa, miles de manifestantes, muchos jóvenes, acudieron a concentrarse en la céntrica plaza San Martín y marcharon por el centro de la ciudad, lo que desató la represión de la policía.

A los conocidos lemas de repudio al indulto ante la gravedad de los crímenes de lesa humanidad por los que fue condenado Fujimori, se sumaron condenas a Kuczynski y pedidos de que sea vacado (destituido), así como condenas a lo que consideran un pacto oculto entre el mandatario y el fujimorismo.

Esa percepción generalizada se basa en que, apenas tres días antes de otorgarse la medida, una fracción del partido Fuerza Popular (FP), encabezado por el hijo del preso, Kenji Fujimori, libró a Kuczynski de ser destituido por ‘incapacidad moral permanente’ tras negar presuntos vínculos con la empresa brasileña Odebrecht.

El mismo día de Navidad, la protesta creció notablemente en Lima, donde grupos de indignados jóvenes volvieron a intentar llegar al palacio de gobierno y asediaron la casa del Jefe de Estado para reclamar la destitución de Kuczynski y nuevas elecciones generales, hasta que fueron dispersados con violencia por la policía.

En el interior hubo un marchas similares en las ciudades sureñas de Tacna, Arequipa, Cusco, Puno y Abancay; las centroandinas de Ayacucho, Huancayo y Huancavelica; las amazónicas de Iquitos y Pucallpa y las norteñas de Piura, Chiclayo, Trujillo y Chimbote.

En lo político, analistas de diversas tendencias señalan que el indulto ha debilitado aún más al frágil gobierno de Kuczynski, ante las duras críticas de las fuerzas de izquierda, que consideran inadmisible el perdón, y de centro, que lo rechazan por considerarlo producto de un pacto infame.

El analista político Fernando Tuesta señaló que Kuczynski ha quedado en la condición de rehén del fujimorismo, única posibilidad de sustento de su administración, y su aislamiento hace difícil la conformación del gabinete ministerial ‘de concertación’ anunciado por el mandatario, que ya perdió por discrepancias a sus ministros de Justicia, Salvador del Solar, e Interior, Carlos Basombrío, así como a otra veintena de funcionarios.

En lo jurídico, el presidente de la Corte Suprema, Duberlí Rodríguez, dijo que el derecho de gracia ejercido por Kuczynski junto al indulto y que anula los juicios pendientes, puede ser declarado inaplicable, porque un juicio a Fujimori por una matanza perpetrada en la norteña región de Áncash no ha cumplido con el requisito de la gracia, de que haya transcurrido el doble del plazo fijado para la instrucción judicial.

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