Este domingo, más de 13 millones de ecuatorianos están llamados a votar en una consulta popular y referendo convocados para modificar algunos artículos de la Constitución reformados durante la gestión del ex presidente ecuatoriano Rafael Correa.

El gobierno del presidente Lenín Moreno ha decidido someter a votación con preguntas, cinco artículos del texto constitucional, referentes a las inhabilitaciones políticas; la postulación indefinida a cargos de elección; la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cesando de sus cargos a los actuales titulares; la no prescripción sobre delitos sexuales contra menores y la minería en áreas protegidas.

Asimismo, la administración de Moreno someterá a una consulta la derogación de la Ley de Plusvalía, aprobada en la gestión de Correa y fuertemente criticada por la oposición de ese momento, porque su propósito es evitar la especulación sobre el valor de las tierras y la reducción del área de explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní.

Convocatoria inconstitucional
El asambleísta de Ecuador por la circunscripción América Latina, el Caribe y África, Mauricio Zambrano, de visita en Caracas, señaló que la consulta popular y referendo son anticonstitucionales.

Precisó que la convocatoria no fue aprobada por la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, y extraoficialmente señaló que esta no se pronunció porque hay preguntas que retroceden derechos ganados.

Se refirió a la preguntas 2, 3 y 6. Indicó que con la eliminación de la postulación indefinida le quitas derechos a una persona a someterse a votación las veces que así lo decida él o el pueblo; sobre el Consejo de Participación Ciudadana advirtió que existe el riesgo de que el Ejecutivo designe a dedo a las autoridades; y sobre la ley de Plusvalía, señaló que no se necesita una consulta para suprimir o no una ley.

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