El plan de gastos de 10 billones de rublos ($ 162 mil millones) ha estado bajo consideración por varios meses y se espera que se convierta en un decreto poco después de la toma de posesión de Putin el 7 de mayo, dijeron fuentes familiarizadas con el asunto a la agencia Bloomberg, bajo condición de anonimato.

La medida tiene como objetivo lograr el «avance decisivo» en la elevación de los niveles de vida de la población rusa, que fue prometida por el Presidente en su discurso anual el mes pasado. También es un intento de estimular el crecimiento de la economía del país en medio de su lenta recuperación de la recesión y de las sanciones occidentales, dijeron las fuentes.

Los fondos asignados para la construcción y el mantenimiento de carreteras, así como otras infraestructuras de transporte, aumentarán en aproximadamente un tercio, dijeron las personas. Un aumento del 20 por ciento en el gasto en atención médica y educación también es parte del plan, agregaron.

Esto significa que Rusia invertirá alrededor del 11,3 por ciento de su PIB en infraestructura, atención médica y educación en los próximos seis años, en comparación con el 9 por ciento que invierte actualmente.
El aumento del gasto en esas áreas se verá compensado por los recortes en otros, incluida la defensa, así como por posibles aumentos de impuestos, según las fuentes. Un nuevo impuesto de ventas del 4 por ciento puede estar entre las opciones, dijeron, y agregaron que esta medida aún no ha sido aprobada.

La asignación de los nuevos fondos puede comenzar este año, pero los mayores aumentos deberían esperarse después de 2020, dijeron las fuentes. También advirtieron que las cifras del plan aún podrían ajustarse en los próximos días y podrían diferir de la suma de 10 trillones de rublos.

En enero, el periódico ruso Vedomosti también informó que la administración presidencial y los ministerios pertinentes tenían la tarea de calcular las posibilidades de un mayor gasto en atención médica, educación e infraestructura. Según las fuentes del periódico, la idea era -entre otras- respaldada por el asesor presidencial Andrey Belousov, y por la directora del Banco Central, Elvira Nabiullina, quien dijo que se requeriría una reforma estructural para respaldar la medida.

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