El vicepresidente Ejecutivo de la República, Tareck El Aissami, ofreció ayer miércoles un balance sobre la Operación Manos de Papel en la sede de la Vicepresidencia, en Caracas; y manifestó que el Gobierno Bolivariano continúa con el proceso de investigación con el fin de desmantelar las bandas que han atentado contra la economía del país y la extracción del papel moneda venezolano.

El Aissami señaló que, tras un arduo trabajo de investigación contra redes que estaban vinculadas directamente con la extracción del papel moneda venezolano, se llevó a cabo la captura de varios funcionarios públicos implicados con el desfalco que atenta contra el aparato económico y productivo de Venezuela.

“Se logró la captura del registrador principal del estado Táchira, cuatro notarios y el director general de tránsito y Transporte Terrestre de la entidad. Así mismo se inició una investigación en contra de dos fiscales del Ministerio Público“, informó El Aissami.

El vicepresidente acotó que el “Operativo Manos de Papel” inicia su segunda fase, y precisó que hasta los momentos se han detenido 175 personas que presuntamente están relacionadas con el contrabando y tráfico del billete nacional y la fijación de una tasa de cambio criminal.

“A esta hora tenemos 175 personas detenidas, mafias que han sido perfectamente identificadas tras una labor de inteligencia”, subrayó El Assami en sus declaraciones.

Igualmente, enfatizó que además se realizaron 125 allanamientos, fueron incautados 514 vehículos y 48 motos; también 113 cuentas bancarias bloqueadas, de las cuales el 90 % forman de la entidad bancaria privada Banesco.

Como parte del operativo iniciado, los cuerpos de seguridad del Estado han iniciado las pesquisas en contra de 1.563 personas (735 personas naturales y 828 empresas privadas) “las cuales tienen trazas hasta por 20 billones de bolívares durante los últimos meses”, subrayó el Vicepresidente de la República.

Para finalizar detalló durante el balance, que el principal centro de corrupción de estas mafias se encuentra ubicado en la ciudad colombiana de Cúcuta, “amparadas por el gobierno del presidente colombiano, Juan Manuel Santos”.