El gobierno estadounidense, a través del Departamento del Tesoro, usa métodos de espionaje para restringir la operaciones comerciales y financieras que realiza el Estado venezolano en función de garantizar los insumos básicos (alimentos y medicinas) que requiere la población venezolana. Mediante la aplicación de las denominadas «banderas rojas», sustentada en la narrativa del «Estado fallido», se establecen expedientes que llevan el bloqueo financiero a su agudización.

Las «banderas rojas» para crear el caos financiero
En el expediente que se construye contra Venezuela figura una operación que encabeza el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a través de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), mediante documentos públicos que advierten a inversionistas en áreas como instituciones financieras y empresas inmobiliarias respecto al riesgo de invertir en Venezuela y de procesar transacciones electrónicas del Estado venezolano por presuntos delitos que se estarían cometiendo.

Se trata de dos documentos emitidos por la mencionada red en 2017, en los que, como en el documento de agosto, señalan a Tareck El Aissami, vicepresidente ejecutivo de la República, como «ejemplo de abuso del sector inmobiliario de lujo». Esto como parte de la acusación de narcotraficante que le hiciera ese mismo año una oficina dependiente del mismo Departamento del Tesoro de EEUU, concretamente la Oficina de Control de Activos Extranjeros (la OFAC, por sus siglas en inglés).

La misma acusación contra El Aissami cursa en el documento de septiembre, en el que establecen advertencias a las instituciones financieras sobre la «corrupción pública generalizada» en Venezuela y los métodos que las figuras políticas venezolanas (dirigencia chavista) y sus asociados pueden usar para mover y ocultar las ganancias de su corrupción a través del sistema financiero estadounidense.

Entre oficinas, que no tienen jurisdicción alguna en Venezuela ni en los organismos multilaterales, se mueve la tesis de «lavado de dinero y financiamiento del terrorismo» en las que el gobierno estadounidense simula el chantaje con «alertas» que buscan bloquear o ralentizar los procesos de pago por parte de la República Bolivariana. Al advertir tanto a instituciones financieras como empresas inmobiliarias respecto a negociar con Venezuela, EEUU impone un conjunto de pasos para fiscalizar y perseguir los pagos externos de Venezuela, lo que corresponde a una maniobra de espionaje que confirma la progresiva militarización del bloqueo financiero.

Se establecen mecanismos como las «banderas rojas» cuyo objetivo real es retrasar operaciones de empresas estatales (así como sus funcionarios) como el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), Suministros Venezolanos Industriales, CA (Suvinca), el Banco de Comercio Exterior (Bancoex), la Compañía Nacional de Teléfonos (Cantv), la Corporación Eléctrica (Corpoelec), Banco Económico y Social de Venezuela (Bandes) y entidades estatales similares con el pretexto de que «pueden tratar de utilizar el sistema financiero estadounidense para trasladar u ocultar el producto de la corrupción pública» y que sus funcionarios «pueden tratar de canalizar los ingresos ilícitos a través de empresas estatales menos conocidas o recién creadas o empresas afiliadas». También se establecen límites de prestación de servicios a las embajadas, consulados y misiones de Venezuela en territorio estadounidense.

Desde hace más de un año, que se publicó la acusación contra El Aissami, ni la FinCEN o la OFAC han mostrado pruebas sólidas que sustenten dichas acusaciones, aclarando que se trata de un acto político que, antes que justicia, busca intensificar un bloqueo que mine las bases económicas y financieras del Estado venezolano.

Las acusaciones que justifican el bloqueo financiero muestran una faceta policial-militar, cada una de ellas se funda en matrices (no pruebas) que van desde el terrorismo, pasando por el narcotráfico, hasta llegar al contrabando de mercancías y la agudización del mercado paralelo.

La narrativa del «Estado fallido»
La estrategia contra Venezuela se vale de recursos de espionaje que justifican las acciones para bloquear financieramente al país. Sincronizada con este plan, marcha la narrativa de una ONG de marcada tendencia neoliberal como Cedice, cuyo analista Alexander Guerrero, se refiere a una «ruta de aislamiento autogenerada» sin nombrar las acciones tomadas desde Washington a partir del decreto en el que Obama declarara a Venezuela como una «amenaza inusual y extraordinaria».

De esta manera se ha ido perfilando en el horizonte antichavista (nacional e internacional) la degradación a un «Estado fallido» colapsando la economía y empobreciendo a la población mientras se llama «domesticación del pueblo» a las medidas contingentes del Gobierno como los Comités Locales de Alimentación y Producción (CLAP).

La descripción del «Estado fallido y narcoestado» realizada por el mencionado analista pareciera más la confirmación de un plan, que el análisis de una condición. Dice Guerrero que «para superar el ‘fallidismo’ se debe suprimir la restricción política de los grupos que convirtieron a Venezuela en Estado fallido». Esto significa negar todo derecho al comercio internacional por parte del Estado venezolano. Agrega que, más que un cambio de gobierno, planean un cambio del régimen constitucional para deslastrar la «Bill of Rights» (Carta de Derechos) de determinados logros, a los que llama «debilidades» y atribuye la actual crisis.

Queda claro que la criminalización a la dirigencia sería simultánea a la de las bases populares que busquen mantener o ampliar sus derechos, para ello se haría inminente la implementación de ese mismo Estado policial a la población como mecanismo corrector del «Estado fallido» que hoy denuncian.

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