Cerca de 14 congresistas estadounidenses le pidieron al presidente Donald Trump que investigue y designe sanciones a través de la Ley Magnitsky a dos hijos del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y de la vicepresidente -y su esposa-, Rosario Murillo, además de que sancione a otros dos altos funcionarios.

La Ley Magnitsky sanciona a personas implicadas “en graves abusos contra los derechos humanos o que se han involucrado en actos de corrupción”.

Las sanciones serían para Laureano (posible sucesor) y Juan Carlos Ortega Murillo, para el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, y para la ministra de Salud, Sonia Castro.

La petición fue realizada por catorce legisladores, incluidos IIeana Ros-Lehtinen y Marco Rubio, en la tercera carta bipartidista y bicameral enviada a Trump “instando a la administración a apoyar al pueblo nicaragüense”.

“Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, han duplicado su intención de permanecer en el poder y han aumentado la opresión violenta contra el pueblo nicaragüense. Desde que comenzaron las protestas a mediados de abril, han sido asesinadas cerca de 400 personas y más de 2.000 han resultado heridas por el Gobierno, la Policía Nacional de Nicaragua o las milicias controladas por Ortega”, dice la misiva.

Sobre Laureano Ortega, el documento señala: “Él ha culpado a los manifestantes por la violencia y los disturbios, llegando incluso a llamarlos terroristas. En su cuenta de Twitter, ha tenido en cuenta los ataques contra estudiantes y universidades y ha declarado en repetidas ocasiones: ‘Incluso si te duele […] Ortega se queda’”.

“Otro de los hijos de Ortega, Juan Carlos Ortega Murillo, ha sido sometido a escrutinio por su rápido ascenso al poder y la consolidación de la propiedad de la mayoría de los medios de comunicación de Nicaragua y por la gran limitación de la existencia de medios independientes”, detallan los congresistas en la carta, en la que relatan diferentes motivos por los que consideran que los Ortega Murillo están implicados en actos de corrupción e incitación a la violencia.

Respecto a Sonia Castro, la ministra de Salud de Ortega, solicitan se sancione “por negar la muy necesaria atención médica a los manifestantes en Nicaragua y por usar ambulancias para transferir armas”.

Por último, piden que se investigue a Gustavo Porras, presidente de la Asamblea, “por movilizar actores violentos contra los manifestantes pacíficos” y por su “comité falso” para investigar las muertes de manifestantes.

A través de su cuenta de Twitter, Ros-Lehtinen hizo el anuncio y señaló que los “nicaragüenses continúan siendo acosados, golpeados y arrestados por el régimen” de Ortega.

“EEUU debe apoyar al pueblo que pide democracia. Envié carta instando (a la) Administración que determine si más personas cumplen con el criterio para ser sancionados bajo #GlobalMagnitsky”, dijo.

Las demás misivas fueron enviadas el 5 de junio pasado y el 1 de diciembre de 2017, y en ellas se exigió sancionar, entre otros, a Francisco Díaz, consuegro de Ortega, quien esta semana fue nombrado como director general de la Policía Nacional.

Daniel Ortega tiene otros siete hijos.

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