El desastre económico en que se convirtió el contrato entre Odebrecht y Petróleos Mexicanos (Pemex) es de tal magnitud que, si lo cancelara el próximo año, le costaría al gobierno de Andrés Manuel López Obrador 24 mil millones de pesos en primera instancia, como establece el propio documento con sus nueve anexos.

Esa millonaria cantidad es sólo una parte de lo que estaría obligado a pagar el gobierno a la firma brasileña Odebrecht y correspondería al “valor de capital” en que fueron tasadas las instalaciones de Etileno XXI en febrero de 2010.

Aparte, en caso de cancelar el contrato con Odebrecht, Pemex tendría que pagar toda la deuda que pudiera tener la empresa que contrató para construir la planta, más sus intereses, el costo de operación y lo que le adeude a las compañías que no sean sus filiales, como la mexicana Edesa o cualquier otra que haya subcontratado con Odebrecht para realizar obras que no supiera o no tuviera la capacidad de realizar.

El 6 de noviembre de 2016 este semanario reveló el contrato firmado por Braskem (filial de Odebrecht), Edesa y Pemex, además de dar a conocer los nombres de quienes firmaron ese documento “testado” en varias partes. El 4 de abril de 2018 se dio a conocer que tan sólo en 2016 el contrato tuvo efectos negativos para el gobierno por 2 mil millones de pesos, ya que debió comprar etano en el extranjero para abastecer a Etileno XXI. Asimismo, se publicó información sobre una serie de actas del consejo de administración de Pemex que daban cuenta del desastre generado por dicho contrato.

En esta ocasión se cuenta con copia del contrato íntegro, sin testar, con sus nueve anexos, donde se advierte que una recisión anticipada del mismo obligaría al gobierno a comprar toda la planta de Etileno XXI, asumir sus deudas, los intereses y pagar los costos de operación.

Los presuntos sobornos de Odebrecht por 10.5 millones de dólares al exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin y los presuntos 3.7 millones de dólares que se habrían triangulado de Altos Hornos de México, propiedad de Alonso Ancira (a quien Pemex le recompró la planta de Agronitrogenados convertida en chatarra por 450 millones dólares), a una cuenta offshore de Odebrecht, representan una pequeña proporción del exorbitante valor del contrato que Pemex firmó con la compañía de origen brasileño.

Ello se desprende del amplio contrato y sus anexos, de los cuales el noveno incluye una tabla de lo que valdrían las instalaciones y lo que se tendrá que pagar por ellas en caso de que el gobierno cancele el acuerdo.

El costo de la recisión abarca de cuatro años antes de que Etileno XXI iniciara sus operaciones hasta 19 años posteriores al arranque.

Las cifras varían. Si se hubiera cancelado el proyecto cuatro años antes de empezar a operar, el costo para el gobierno sería de 49 millones de dólares, pero si lo hiciera tres años después de que empezara a producir el costo sería de mil 260 millones, según la tabla mencionada.

El contrato se firmó el 19 de febrero de 2010 pero las operaciones comenzaron en marzo de 2016.

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