Hace una semana, la vicepresidenta de Ecuador, María Alejandra Vicuña, se vio involucrada en un supuesto caso de corrupción, lo que provocó gran revuelo político y mediático en el país sudamericano. La presión ejercida por lo líderes de la oposición finalmente hicieron que renunciara a su cargo para dejar que el Gobierno ecuatoriano continúe trabajando con total estabilidad.

La denuncia que dejó a Vicuña fuera del gobierno ecuatoriano se hizo pública cuando se dio a conocer la declaración ante notario del exasesor Ángel Sagbay sobre el pago de contribuciones a Vicuña, dinero que era dirigido a su grupo político Alianza Bolivariana Alfarista (ABA), lo que se considera cobro ilegal de donaciones, y habría sido realizado mientras Vicuña ejerció como legisladora entre los años 2011 y 2013.

A raíz de esta denuncia, la Fiscalía abrió una causa para investigar las alegaciones del exasesor, por lo que el presidente Moreno ya la había eximido de sus funciones como vicepresidenta  para que enfrentara las acciones legales correspondientes con total tranquilidad.

Aunque la vicepresidenta había negado que los depósitos de dinero que recibió de parte de Sagbay fueran condición para llegar al cargo o siquiera permanecer en él, Vicuña se vio acosada al punto de dejar el Ejecutivo. Así lo señaló en su cuenta de Twitter, donde aseguró que no se prestará para que las presunciones en su contra sean utilizadas para crear un ambiente de inestabilidad en el Gobierno o de rumores que apuntan hasta la posibilidad de que renuncie el propio presidente del país, Lenín Moreno.

Por su parte, la Presidencia de Ecuador confirmó la renuncia de María Alejandra Vicuña, pero destacó que es a la Asamblea Nacional a la que le corresponde aceptarla. «(Al presidente) no le corresponde aceptar la renuncia, es a la Asamblea Nacional como ente nominador y es ella la que debe tomar una decisión al respecto», dijo el consejero de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, en una rueda de prensa.

 

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