Evo Morales quedó atrapado en medio de la disputa entre sindicatos y empresarios que rechazaron, por motivos muy distintos, el reglamento del pago del segundo aguinaldo o bono extraordinario de fin de año.

«Las determinaciones ya han sido tomadas y simplemente vamos a comunicar a las dos (partes). No hay marcha atrás (…), vamos a emitir el decreto y la reglamentación», dijo el ministro de Economía, Mario Guillén, tratando de dar por cerrada la discusión sobre el bono creado como premio por el relativamente alto crecimiento económico del país.

El aguinaldo extraordinario, equivalente a un sueldo mensual, fue creado hace cinco años como un premio a pagarse a los asalariados de los sectores público y privado en caso de que el crecimiento del Producto Interno Bruto supere el 4,5% anual, medido al 30 de junio.

Este año, el aumento anual del PIB medido a junio llegó a 4,61%, según el registro oficial cuya confiabilidad fue puesta en duda por los empresarios.

Guillén informó que el gabinete de ministros resolvió, tras largas negociaciones con la Confederación de Empresarios (CEPB) y la Central Obrera Boliviana (COB), que el bono extraordinario será pagado hasta marzo de 2019 en cuotas en efectivo que cubrirán hasta el 85% del beneficio.

El segundo aguinaldo sólo llegará a los asalariados que ganen menos de 15.000 bolivianos (2.155 dólares) mensuales, agregó.

La COB, que exigía el pago inmediato del bono, rechazó la decisión gubernamental y convocó a una reunión sindical de emergencia para el 14 de diciembre, con objeto de analizar el problema.

«Nosotros rechazamos totalmente esta situación, nunca nos ha llegado un documento del Ministerio de Economía o del Gobierno, simplemente nos han hecho conocer esa propuesta en las reuniones», dijo el líder de la COB, Juan Carlos Huarachi.

La CEPB fue más dura, exigiendo mediante un comunicado «la anulación de esta medida, porque ha desvirtuado sus propios objetivos, en cuanto a garantizar equidad, promover la calidad de vida de la población y de los trabajadores».

La cúpula empresarial advirtió que la orden gubernamental de pagar el bono no tomaba en cuenta el crecimiento económico desigual entre regiones y entre sectores de la economía, lo cual pondría en peligro a los empleos formales e impediría la creación de nuevas fuentes de trabajo.

«El Gobierno tomó la decisión de seguir adelante con este objetivo político, sin reparar en sus consecuencias y sus efectos», lamentó la CEPB.

Agregó que el segundo aguinaldo no podrá ser pagado por muchas empresas y además «debilitará la estabilidad macroeconómica, dañará las finanzas públicas del nivel central y subnacionales, postergará proyectos de inversión pública, afectará las reservas internacionales y causará el rezago de la inversión privada».

El ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, restó importancia a las quejas, asegurando que el Gobierno ha escuchado tanto a sindicalistas como a empresarios.

 

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