La Corte Suprema no permitirá que el Gobierno de Donald Trump comience a aplicar una política de negar asilo a los inmigrantes que entren en Estados Unidos de manera ilegal a través de la frontera con México. El magistrado presidente John Roberts y cuatro jueces liberales votaron este viernes en contra de la petición del gobierno.

El nuevo juez Brett Kavanaugh y otros tres jueces conservadores votaron en favor del gobierno.  No hubo opiniones que explicaran los votos de ninguna de las partes. La orden de la corte mantiene vigentes los fallos de cortes menores que suspendieron la proclama de Trump emitida en noviembre, la cual le niega asilo a las personas que no entren por los cruces oficiales de la frontera sur.

Trump dijo que tomó la medida en respuesta a las caravanas de migrantes que se dirigían a la frontera.

El gobierno también se había quejado de que la orden con carácter nacional que impedía que la política entrará en vigor era demasiado general. Pero la corte rechazó la petición de reducir su alcance. La decisión del máximo tribunal se da tras un fallo emitido el miércoles por el juez de distrito Jon Tigar que mantiene vigente la suspensión hasta que se dirima una demanda que la impugna. El caso podría tardar meses en resolverse.

La proclama de Trump contraviene una ley de inmigración que estipula que los inmigrantes pueden solicitar asilo sin importar la manera como entraron en Estados Unidos, dijo Tigar. Este fallo se produce tan solo unos días después de que un juez federal bloqueara una de las políticas que fue anunciada por el exfiscal general Jeff Sessions, con la que se limitaba también el asilo a las víctimas de violencia doméstica y de pandillas.

El Gobierno estadounidense ha buscado diversas formas para impedir que miles de centroamericanos, que viajan en caravanas escapando de la violencia y la pobreza en sus países de origen, ingresen a Estados Unidos, y Trump ha considerado a esas personas una amenaza para la seguridad nacional.

El pasado 9 de noviembre, Trump firmó la orden que buscaba frenar el flujo de migrantes sobre todo de quienes, desde Guatemala, Honduras y El Salvador, intentan cruzar hacia Estados Unidos sin autorización.

La orden del mandatario norteamericano fue cuestionada inmediatamente por grupos de derechos humanos, que aseguraron que la medida violaba los estándares internacionales y las leyes estadounidenses sobre asilo.

 

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