El gobierno guatemalteco ha informado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de su intención de despedir a una comisión anticorrupción respaldada por la ONU meses antes del final de su mandato, acusándola de abusar de su autoridad.

La ministra de Relaciones Exteriores de Guatemala, Sandra Jovel, envió una carta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, durante una reunión el lunes en Nueva York, informándole del plan del gobierno para terminar el martes el acuerdo que estableció la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

La CICIG se estableció hace más de una década con poderes para llevar a cabo investigaciones independientes y trabajar con los fiscales de Guatemala, lo que llevó a la destitución del anterior presidente del país centroamericano en 2015.

La CICIG investigó además al actual presidente Jimmy Morales, quien anunció en agosto pasado que no renovaría el mandato de la comisión, que debía expirar en septiembre de 2019. Posteriormente, Morales también prohibió que el fiscal colombiano y el jefe de la CICIG, Iván Velásquez, volvieran a ingresar al país.

El mes pasado, el gobierno de Guatemala también revocó visas e inmunidad para 11 investigadores de la CICIG y dos familiares.

«Es lamentable que el Secretario General, en un intento por mantener a una persona en el cargo, sacrificara la legitimidad de la comisión», enfatizó Jovel en una conferencia de prensa después de su reunión con el secretario general, refiriéndose a la decisión de Guterres de Velásquez de vuelta.

«Por lo tanto, informamos al Secretario General que en 24 horas el gobierno de Guatemala anulará el acuerdo (que fue creado para crear la CICIG)», agregó el máximo diplomático de Guatemala.

Sin embargo, un portavoz del jefe de la ONU insistió en una declaración por correo electrónico de que Guterres «rechaza enérgicamente» el contenido de la carta enviada por la ciudad de Guatemala, y agregó que el organismo mundial esperaba que el gobierno guatemalteco «cumpliera con sus obligaciones legales conforme al acuerdo» hasta que El mandato de la CICIG concluye en septiembre.

«El Secretario General recuerda la importante contribución de la CICIG a la lucha contra la impunidad en Guatemala», se lee en la declaración.

El desarrollo se produjo después de que la CICIG, junto con el procurador general del país en ese momento, intentara procesar a Morales en 2017 por supuestas violaciones de financiamiento de la campaña. El esfuerzo siguió a investigaciones separadas de corrupción de la CICIG sobre miembros de la familia del presidente.

Esto sucede cuando Morales, acompañado por otros guatemaltecos prominentes acusados de corrupción por la CICIG, anunció en una conferencia de prensa el lunes en la ciudad de Guatemala que había ordenado a los fiscales del gobierno comenzar a investigar las denuncias de que la comisión había operado fuera de la ley y había abusado de su mandato.

La CICIG es poco común entre los organismos de la ONU debido a su autoridad para referir los casos a los fiscales locales, y muchos políticos en Guatemala consideran que la medida es una violación de la soberanía nacional.

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