La Asamblea Nacional venezolana y la Organización de los Estados Americanos (OEA) dieron este lunes los primeros pasos formales para la colaboración del organismo regional con el autoproclamado gobierno interino de Juan Guaidó en la hoja de ruta hacia la celebración de nuevas elecciones presidenciales en Venezuela.

Gustavo Tarre Briceño, representante especial de la Asamblea Nacional, mantuvo un encuentro con Francisco Guerrero, secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, y afirmó luego a la prensa que esa reunión fue «el paso inicial» de un proceso que debe asegurar una transición que ofrezca todas las garantías necesarias de transparencia.

«El presidente Guaidó le enviará a la OEA la solicitud formal de colaboración y observación del proceso electoral», adelantó Tarre Briceño. Aclaró además que un nuevo Consejo Nacional Electoral independiente en Venezuela, elegido con ayuda de la sociedad civil y confirmado por la Asamblea Nacional, hará luego el seguimiento de esta cooperación en materia electoral.

Ese nuevo consejo electoral, dijo el diplomático en Washington, no dependerá del gobierno de Juan Guaidó ni del Palacio de Miraflores. El objetivo del gobierno del presidente encargado es «reconstruir un mecanismo electoral que sea confiable», señaló.

«Queremos que no quede la menor duda de que la voluntad de los votantes se vea reflejada» en el resultado de la elección, agregó el embajador especial ante la OEA, quien pidió paciencia porque los avances concretos en el calendario electoral «llevarán todavía algún tiempo».

Guaidó, según adelantó también Tarre Briceño, solicitará además una misión de observación de los comicios y le pedirá asistencia a los países de la región.

La Asamblea Nacional designó a Tarre Briceño representante especial ante la OEA el pasado 22 de enero, un día antes de que Guaidó prestara juramento como presidente encargado de Venezuela y se iniciara el pulso que continúa todavía con el gobierno de Nicolás Maduro.

Sin embargo, al igual que Guaidó, Tarre Briceño aún no pudo tomar posesión formal del cargo porque el chavismo mantiene todavía una representación diplomática en la OEA, pese a que por mayoría los países que integran el organismo regional declararon «ilegítimo» al régimen de Maduro.

Salvo por un puñado de países aliados, entre ellos Rusia y China, buena parte de la comunidad internacional ejerce desde hace varias semanas una fuerte presión sobre el madurismo para que abandone el poder y se evite por todos los medios un baño de sangre.

Estados Unidos y los países de la región que conforman el Grupo de Lima sostienen que Maduro «usurpó» la presidencia de Venezuela el 10 de enero pasado al reasumir el cargo como consecuencia de las elecciones de mayo de 2018, consideradas ilegales y plagadas de irregularidades.

Esos países exigen ahora, en sintonía con la estrategia de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición antichavista, la inmediata convocatoria a nuevas elecciones presidenciales, libres, transparentes y democráticas en Venezuela. El aval y las garantías de la OEA a ese proceso electoral será crucial para dotarlo de legitimidad y para que goce de un firme respaldo internacional.

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