Juan Pablo Bohoslavsky y Diego García-Sayán, dos expertos de la ONU, manifestaron que en Guatemala se han producido denuncias de intimidación y amenazas contra magistrados, jueces y fiscales.

“Estamos extremadamente preocupados que estas personas y sus familias puedan estar en riesgo. Esto podría afectar su seguridad, integridad, derecho a la privacidad y reputación, y podría tener un impacto en su independencia», manifestaron los expertos.

Ambos funcionarios también se mostraron preocupados por la decisión del Gobierno de Guatemala de dar por finalizado unilateralmente el acuerdo con las Naciones Unidas que sirvió para crear la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Pese a que el pasado 9 de enero la Corte de Constitucionalidad suspendió la decisión gubernamental de retirarse del acuerdo, las acciones para poner fin a la labor de la CICIG continuaron.

El ejecutivo guatemalteco indicó que no acataría la resolución del alto tribunal, una acción que, en palabras de ambos expertos, “contribuye al debilitamiento del estado de derecho en el país”.

«Abordar estos temas es de suma importancia para la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente porque la corrupción y la impunidad a menudo profundizan las desigualdades existentes y afectan especialmente a las personas que viven en la pobreza, pueblos indígenas en su mayoría», agregaron los expertos.

El pasado mes de septiembre, el presidente Jimmy Morales decidió prohibir la entrada al país al máximo responsable de la CICIG, Iván Velásquez, y anunció que no renovaría el mandato de la Comisión que terminaba el 3 de septiembre de 2019.

La CICIG, en cabeza de Iván Velásquez, descubrió la red de corrupción liderada por el expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, y la exvicepresidenta, Roxana Baldetti Elías.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) aseguró que Pérez Molina y Baldetti despilfarraron en un periodo de dos años cerca de USD 40 millones.

 

 

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