Este domingo 24 de febrero, el pueblo cubano decidirá mediante referendo si aprueba o no la nueva Constitución de la República de Cuba, cuyo proceso viene marchando desde el año 2018, y por el que ya votaron los cubanos en el exterior.

El texto incluye 760 cambios a la actual Carta Magna; modificaciones que van desde adiciones de nuevas leyes como eliminaciones de artículos, frases y palabras.

El proyecto constitucional fue sometido a consulta popular entre agosto y noviembre del año pasado. En esas instancias y, a través de asambleas, el pueblo de Cuba discutió y debatió las necesidades que debería incorporar la nueva Constitución, dando fruto a miles de propuestas.

Las opiniones e ideas de la población se reunieron en 9.595 «propuestas tipo», de las cuales 4 mil 809 (50,1 por ciento) fueron aprobadas y el resto (49,9 por ciento) se descartaron por improcedentes desde el punto de vista jurídico, ya que no eran contenidos constitucionales sino «detalles que no tienen sentido en la lógica constitucional, como dudas y preguntas», explicó el secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta.

Asimismo, las opiniones de los cubanos residentes en el extranjero fueron agrupadas en 978 «propuestas tipo», siendo aceptadas 391 de ellas.

Del total, la comisión redactora realizó 760 cambios.

Estas, fueron revisadas, sintetizadas y llevadas a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), la que en diciembre de 2018 debatió y votó los cambios emanados del pueblo cubano.

— 134 Artículos fueron modificados, lo que representa casi el 60 por ciento.

— Tres artículos se eliminaron.

— 87  artículos continúan sin cambios.

Derechos y Deberes

— «Ciudadano cubano» se cambió por «el pueblo de Cuba».

— Se incorpora un nuevo Artículo que reconoce a la dignidad humana como sustento fundamental de todos los derechos y deberes.

— Se dejó explícito que la adquisición de otra ciudadanía no implica la pérdida de la cubana (ahora aparece en el Art. 36).

— Se añadieron los yacimientos minerales y las playas como parte de la propiedad socialista de todo el pueblo.

— Se declaró explícitamente el carácter laico del Estado.

— Como deberes, se incluyen «respetar y proteger los símbolos patrios» y en un inciso «la flora y la fauna».

— El mercado, la propiedad privada y la inversión extranjera son necesarios para impulsar el crecimiento de la economía del país, bajo embargo de Estados Unidos desde 1962.

Política

— Se especifica que Cuba no volverá jamás al capitalismo, «como régimen sustentado en la explotación del hombre por el hombre».

— El concepto de la «libertad política» se eliminó, solo se dejó «libertad», que es más amplio.

— La figura del presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, que hoy ocupa Miguel Díaz-Canel, será reemplazada por la del presidente de la República, y se incorporará, además, un primer ministro.

— El período presidencial será de 5 años con opción a una reelección inmediata por igual tiempo.

— La edad mínima para tentar la presidencia será de 35 años y la máxima de 60 cuando postula por primera vez. Díaz-Canel tiene 58 años.

Trabajo

— Sobre el salario, se indica que «todas las personas reciben el mismo salario por igual trabajo».

Familia

— El Estado debe tener instituciones y servicios que faciliten a las familias trabajadoras el desempeño de sus responsabilidades.

— El Estado reconoce y protege a las familias, agregándose «cualquiera sea su forma de organización».

— Se aprueba el matrimonio igualitario, afirmándose que el matrimonio es la unión entre «dos personas», sin especificarse el sexo.

— Se estipula que las familias se constituyen por vínculos jurídicos o de hechos.

— Se refuerza la responsabilidad de los hijos con los padres y los abuelos: “Los hijos están obligados a respetar, atender y proteger a sus madres, padres y otros parientes, conforme con lo establecido en la ley”.

— Los niños y adolescentes son considerados plenos sujetos de derechos.

Educación

— Se especifica que la educación, con calidad y gratuidad, es un derecho desde la primera infancia hasta los estudios de posgrados.

Salud

— La Salud Pública se ratifica como responsabilidad del Estado y se incorpora la mención de que sus servicios son de calidad.

Medios 

— En ningún caso los medios fundamentales de la comunicación serán objeto de propiedad privada.

 

 

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