A 20 años de la entrada en vigencia del Tratado de Ottawa, un pacto firmado por 133 naciones que prohíbe la adquisición, la producción, el almacenamiento y la utilización de minas antipersonales, António Guterres, secretario general de la ONU, instó a “hacer de esos artefactos cosa del pasado y pidió a los Estados que garanticen la asistencia a las víctimas”.

En un comunicado, Guterres felicitó a los 31 países que han declarado su territorio libre de minas y urgió a todos los que no lo hayan hecho a firmar y ratificar la Convención de Ottawa.

En este contexto, el informe anual ‘Monitor de Minas Antipersonal 2018’ realizado por la Campaña Internacional por la Prohibición de las Minas Antipersonal (ICBL, por sus siglas en inglés) señaló que “existe una baja probabilidad de que Colombia cumpla la fecha límite acordada en el Tratado de Ottawa” ya que el alcance de contaminación por minas antipersonales, al cierre de 2017, fue de 46 millones de metros cuadrados.

Según el tratado, Colombia está en la obligación de “destruir todas las minas antipersonales” antes del 1 de marzo de 2021.

En lo corrido del 2018 se registraron 180 víctimas por minas antipersonales en Colombia, lo que significó un aumento cercano al 300% con respecto al mismo periodo del 2017, cuando hubo 56 heridos.

Con los 180 damnificados por minas contabilizados hasta el 4 de diciembre del año pasado, Colombia se ubicó nuevamente entre las 10 naciones con mayor cantidad de afectados por esta problemática en el planeta.

En su momento, el director de la Campaña Colombiana Contra Minas, Álvaro Jiménez, le explicó a la Agencia Anadolu que: “El país está presentando nuevamente un incremento por accidentalidad de minas asociado a la disputa por el control del territorio de grupos al margen de la ley como las disidencias de las Farc, el ELN, bandas del Clan de Golfo, las Autodefensas Gaitanistas, los Caparrapos y los Tijuaneros”.

 

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