Este relato contradice una nota publicada horas antes por la Policía Nacional de Honduras, la cual desmentía la retención de Aldana por supuestos problemas migratorios, y afirmaba que por su propia voluntad había decidido regresar a El Salvador en un vuelo privado, antes de realizar el control migratorio.

Aldana afirmó que los funcionarios que la interrogaron, sin identificarse y con actitud intimidante, le pidieron que declarara que voluntariamente decidió no entrar a Honduras, versión integrada luego en la referida nota oficial.

«Esto ocurrió pese a que en repetidas oportunidades les comuniqué que cuento con medidas especiales de protección giradas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos», señaló la política de 63 años de edad.

Denunció además que fueron divulgadas fotos suyas en la sala de interrogación, las cuales aparecieron en supuestos perfiles falsos desde Guatemala, incluso antes de que las publicara el Gobierno de Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras.

«Este es un hecho que demuestra claramente la manipulación de las instituciones públicas a manos del presidente Juan Orlando Hernández, y su alianza con el Pacto de Corruptos de Guatemala», enfatizó Aldana desde El Salvador, donde permanece en espera de garantías para regresar a su país.

Sobre Aldana pesa una orden de captura en Guatemala por presuntos actos de corrupción durante su gestión como Fiscal General (2014-2018), y el Tribunal Supremo Electoral rechazó su inscripción como candidata a la presidencia en los comicios de junio próximo.

La Corte Suprema de Justicia votó dividida el 10 de abril contra un amparo solicitado por el Movimiento Semilla para revocar la sentencia que le impide a Aldana inscribirse como candidata presidencial, y ahora la exfuncionaria de 63 años de edad recurrirá a la Corte de Constitucionalidad.