La familia del expresidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), calificó como una injusticia y un acto «absolutamente inhumano» la orden de 36 meses de prisión preventiva dictada en contra del exmandatario.

Los allegados a Kuczynski pidieron que se le otorgue arresto domiciliario.

Alex y Carolina Kuczynski, hijas del exjefe de Estado, acompañadas de Michael Kuczynski, su hermano, se pronunciaron en relación a la situación legal que enfrenta el expresidente, quien permanece internado en una clínica de Lima en un proceso de tratamiento intensivo y monitoreo por hipertensión arterial no controlada y postoperado por un cateterismo cardíaco.

«Es absolutamente inhumano que se pretenda encarcelar a una persona de casi 81 años antes de siquiera iniciarse el juicio (…) Desde hace un año se encuentra prácticamente recluido en su casa afrontando las investigaciones. Es inaceptable que se crea que haya un intento de fuga», dijo Alex Kuczynski.

El pasado 20 de abril, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Perú dictó la medida de aseguramiento contra PPK en el marco de la investigación por el presunto delito de lavado de activos en el caso Odebrecht.

Según explicó la agencia estatal de noticias Andina, la investigación en contra de Kuczynski se basó en los proyectos vinculados con Odebrecht del Corredor Vial Interoceánico Perú Brasil, tramos 2 y 3, así como el de Irrigación Olmos, también adjudicado con la constructora brasileña.

Odebrecht también habría entregado millonarias coimas a los expresidentes Alejandro Toledo y a Alan García (quien se suicidó el pasado miércoles 17 de abril) por la adjudicación de contratos vinculados con la licitación de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur y del Metro de Lima, respectivamente.

Los exjefes de Estado del Perú vinculados a las investigaciones son Alejandro Toledo, presidente del 2001 a 2006; Alan García, 2006-2011; Ollanta Humala, 2011-2016, y Pedro Pablo Kuczynski, 2016-2018.

En su momento, el medio peruano Ojo Público indicó que Odebrecht pagó sobornos a autoridades peruanas por más de USD 45 millones, mucho más que lo declarado por la empresa brasileña ante el Departamento de Justicia de EEUU.

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