En un caso poco frecuente en el que los pañales sucios se han convertido en un problema diplomático, Manila dice que una empresa canadiense privada violó el derecho internacional al enviar más de cien contenedores de basura a Filipinas. El primer ministro de Canadá, Trudeau, dijo anteriormente que su país no podía repatriar la basura debido a obstáculos legales.

Canadá dio un tono conciliador en respuesta a la feroz crítica del presidente filipino Duterte sobre el hecho de que el país de América del Norte no haya recuperado la basura que antes había tirado en las islas.

«Canadá está firmemente comprometido a colaborar con el gobierno de Filipinas para resolver este problema y está al tanto de la decisión de la corte que ordena al importador enviar el material de regreso a Canadá», dijo la embajada del país en Filipinas en un comunicado.

La embajada agregó que un grupo de trabajo técnico conjunto está examinando el asunto «con miras a una resolución oportuna».

A principios de esta semana, el franco presidente de Filipinas, Rogrigo Duterte, lamentó que Canadá estaba tratando a su país como un «basurero» y se comprometió a declarar una guerra contra Ottawa si no actuaba sobre el tema.

Entre 2013 y 2014, una compañía privada canadiense envió más de 100 contenedores a Filipinas cargados con 2,450 toneladas de basura. Las autoridades locales descubrieron que habían sido etiquetados incorrectamente como plásticos para reciclar, mientras que en realidad contenían basura doméstica, como pañales para adultos usados ​​y desperdicios de cocina.

Según informes, las autoridades filipinas dijeron que algunos de los contenedores contenían residuos peligrosos y acusaron a la empresa de llevarlos al país de manera ilegal.

En 2016, un tribunal filipino ordenó que la mitad de los contenedores se enviaran de vuelta de acuerdo con la legislación local, pero el Primer Ministro canadiense Trudeau argumentó que las regulaciones legales de su país le impedían devolver la basura.

Desde entonces, Canadá ha modificado sus regulaciones con respecto a los envíos de desechos peligrosos para evitar que vuelvan a ocurrir tales interrogantes.

A principios de esta semana, varios grupos ambientalistas instaron a Trudeau a que finalmente ordene a sus funcionarios que devuelvan la basura a Canadá para su eliminación.

Los activistas argumentan que las acciones de Canadá violan el Convenio de Basilea, un conjunto internacional de directrices que ambos países han acordado. Una enmienda que, sin embargo, aún no ha sido ratificada por ambos estados, prohíbe específicamente la exportación de materiales tóxicos o peligrosos a países en desarrollo sin el consentimiento del gobierno.