Ahora, la Corte Constitucional de Colombia decidirá sobre las objeciones de Iván Duque a la ley que regula el funcionamiento de la Jurisdicción Especial de la Paz.

Los partidos políticos colombianos no lograron el jueves alcanzar los acuerdos necesarios para decidir en el Senado sobre las objeciones del presidente Iván Duque a la ley de Jurisdicción Especial de Paz (JEP), lo que significa que ahora se espera que el Tribunal Constitucional analice su propuesta antes de que pueda entrar en vigor.

El debate parlamentario se cerró con 47 votos a favor de los cambios del presidente colombiano Iván Duque y 34 votos en contra de ellos; sin embargo, de acuerdo con la Constitución, la propuesta del gobierno requiere una clara mayoría de votos, con 48 de 96 votos para que se aprueben las objeciones.

El ex presidente Juan Manuel Santos le pidió a Duque que firmara el proyecto de ley JEP y consolidara el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

«Afortunadamente [las objeciones] fueron rechazadas, espero que esto permita que el JEP comience a operar. No es coherente que hayan puesto un palo en el volante del JEP», dijo Santos durante la presentación de su libro «La batalla por la paz, «un trabajo en el que proporcionó detalles del proceso de negociación de cuatro años que culminó con el acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016.

La llamada «Jurisdicción para la paz» es un mecanismo para hacer cumplir la justicia de transición y se creó en el acuerdo del 2016 para juzgar a los otroras insurgentes en los tribunales que han estado vinculados al conflicto interno del país.

«Se han rechazado las objeciones que dañan el proyecto de ley de JEP. Leí la jurisprudencia y es muy claro que para la mayoría absoluta se necesita la mitad de los miembros, no la mitad más uno», dijo el senador Roy Barreras, un miembro del Partido de Unidad Nacional, informó TeleSUR.

Duque presentó varias objeciones a la JEP. En primer lugar, solicitó que el proyecto de ley final establezca que aquellos que son culpables de crímenes de guerra, entre los cuales se podría incluir a los guerrilleros, hagan reparaciones financieras a sus víctimas.

El presidente colombiano también solicitó que el proyecto de ley no especifique que un ‘Alto Comisionado para la Paz’ se encargue de verificar el cumplimiento de los acuerdos de paz.

Con respecto a los procedimientos de administración de justicia, Duque argumentó que los ex combatientes no convencionales deberían someterse a la «justicia ordinaria», es decir, las leyes ya existentes, a fin de evitar que los posibles criminales de guerra salgan impunemente.

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