El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, emplazó a calificadoras de riesgo, en particular a la Standard & Poor»s, a que incluyan en sus evaluaciones la variable de corrupción y, por extensión, de derroche e impunidad.

¿De qué forma -es la gran pregunta- una distorsión administrativa tratada hasta ahora como un hecho no punible y menos aún doloso, puede ser interpretada como una categoría económica?, cuestionó el gobernante.

La corrupción y el derroche no se rige por leyes de ningún tipo y desde el punto de vista de la legalidad es resbalosa como el anguila, no se deja atrapar y no sienta precedentes en los tribunales porque casi nunca llega a estos, describió el López Obrador.

Además, no crea jurisprudencia debido a la impunidad que la ha respalda desde lo más alto del gobierno, añadió.

Para el jefe de Estado Mexicano, ese flagelo está, omnipresente y ocasiona un daño demoledor al sistema económico, al judicial, a los valores morales y éticos, y al desarrollo social.

Aseguró que la corrupción es un factor activo, dinámico y negativo que se ceba en el gasto público, las inversiones, la planta industrial productiva estatal y los programas sociales.

Al plantear a las calificadoras de riesgo que deberían añadir a sus variables económicas como plusvalía o rendimiento, la de corrupción, López Obrador hizo referencia a factores que inciden en una mala evaluación de Petróleo Mexicanos (Pemex) tales como la dudosa capacidad de pago de su abrumadora deuda.

Dichos factores son consecuencias más de la descomposición administrativa que de los índices aplicados por esas firmas, aseveró.

En la lógica del mandatario la corrupción -y por extensión la impunidad y el derroche- tienen una incidencia negativa en los resultados productivos y en los niveles de rentabilidad de Pemex, y si los recursos destinados a ella y sus ganancias no hubiesen sido distorsionados y malversados, la situación de la empresa fuera deferente al igual que la evaluación de Standard & Poor’s.

Como ya el gobierno no tolera la corrupción -lo que no significa que ya haya sido abatida- el rendimiento de la inversión, nueva o por recapitalización, será redituable y el crecimiento totalmente realizable.

Incluso, la meta de duplicar la actual producción de crudo, y terminar el sexenio refinando su propio combustible y hasta pasar de comprador neto de gasolina a exportador antes del 2024.

Según los cálculos de López Obrador México cerrará este año con 112 mil 380 millones de pesos, unos cinco mil 900 millones de dólares, recuperados por combate contra la corrupción. Esa batalla garantiza una alta inversión adicional salida de los recursos rescatados.

Pemex y la Comisión Federal de Electricidad están recibiendo este año financiamiento por más de cinco mil 500 millones de dólares, pero más importante que eso, la garantía de que toda la inversión llegará a su destino y se ejecutará al ciento por ciento.

Y he aquí el gran mensaje del mandatario a las tres calificadoras que han bajado la evaluación de Pemex y de México: si ya se detuvo el deterioro del perfil de riesgo de negocio y financiero de Pemex y hay un compromiso de recuperación de sus principales líneas de negocio, no hay robo ni sobreimpuestos, ¿por qué castigarlas y al país por la política neoliberal que se aplicó en los últimos 35 años de neoliberalismo?

Estas son algunas de las ideas puestas en debate por López Obrador en la mesa de economistas y académicos para definir -o rechazar- por qué la corrupción y el derroche deben ser recategorizados y precisar si, además de conceptos políticos, deben ser también económicos.