La Fiscalía Especializada Anticorrupción de Bolivia investiga hoy 15 transacciones inusuales en las cuentas bancarias del candidato presidencial por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos de Mesa, en el periodo 2007-2009, como parte de un caso de supuesto enriquecimiento ilícito.

La fiscal Makerlyn Zambrana explicó que, al ser considerados delitos de orden público, cada movimiento bancario es investigado por separado, y convocaron como testigo al excoronel Gonzalo Medina, exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen en Santa Cruz.

Medina es acusado de la comisión de delitos relacionados con sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación; así como de mantener vínculos con el narcotraficante, Pedro Montenegro, quien es requerido por Brasil.

Zambrana precisó que una de las transacciones sospechosas es el depósito de 30 mil dólares el 16 de junio de 2009 por parte de Medina, como pago por la compra de un departamento que pertenecía a los padres de Mesa en la ciudad de La Paz.

Asimismo, la Unidad de Investigaciones Financieras reportó varios montos de tres mil y cinco mil dólares, y de 50 mil bolivianos (siete mil 240 dólares), y 46 mil bolivianos (seis mil 661 dólares) en diferentes fechas.

Ante la negativa del expresidente (2003-2005) de rendir declaraciones en calidad de testigo por esas irregularidades, el ministerio Público solicitó el origen de las operaciones bancarias con el objetivo de establecer si provienen de actividades ilícitas.

En la tarde de este miércoles rendirá declaración ante la Fiscalía paceña la ciudadana Blanca Hinojosa, expareja de Medina y titular del departamento comprado a Mesa.

Por otra parte, la fiscal aclaró que sobre el caso Camargo Correa-Odebrecht, donde se involucra también a Mesa, son investigadas de forma separada las transacciones bancarias y hasta el momento ocho personas rindieron declaraciones, entre ellas el actual candidato presidencial por CC.

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) creó una comisión en 2018 que investigó por más de cinco meses pagos o coimas a funcionarios bolivianos para favorecer a la empresa brasileña Camargo-Correa en la adjudicación de la construcción de la carretea Roboré-El Carmen.

Susana Rivero, diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) al frente de la comisión, declaró a la ALP en el informe final presentado en enero pasado que contaban con decretos firmados por Mesa para licitar la vía Roboré-Puerto Suarez, su posterior división en dos tramos por el abogado Carlos Alarcón, entonces ministro de Obras Públicas, entre otros, con irregularidades.

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