A menos de una semana de las elecciones para el Parlamento Europeo, crece en Italia la polémica sobre iniciativas promovidas desde el gobierno para endurecer la política migratoria.

Uno de los aspectos centrales de la controversia es la directiva aprobada por el ministro del Interior, Matteo Salvini, mediante la cual se prohíbe el ingreso al mar territorial italiano de barcos con migrantes rescatados en aguas internacionales durante operaciones no coordinadas por Roma.

La ‘Directiva para la coordinación unificada de las actividades de vigilancia de las fronteras marítimas y para el enfrentamiento a la inmigración ilegal, de acuerdo con el decreto legislativo 286/1998’ fue emitida el 18 de marzo último, al calor de la situación presentada con el buque Mare Ionio, de la ONG Mediterránea.

En aquella oportunidad, la nave de bandera italiana fue retenida como parte de una investigación, tras su arribo al puerto de la isla de Lampedusa con 49 migrantes rescatados horas antes a 42 millas de las costas de Libia.

La llegada del buque fue precedida por un forcejeo con las autoridades italianas, las cuales se opusieron inicialmente a permitir el desembarco de los náufragos.

Uno de los argumentos manejados por funcionarios del gobierno contra la actuación de los tripulantes fue no entregar los migrantes a la unidad de la guardia costera libia que se dirigía al lugar del rescate.

Otra acusación fue no contactar a los sistemas de socorro marítimo de Libia o Malta, como territorios más próximos al sitio donde se realizó el salvamento, en lo que los funcionarios italianos consideraron una intención deliberada de dirigirse a Italia y desconocer la prohibición de ingreso a este país.

Fuertemente criticada en medios políticos y periodísticos desde su promulgación, la directiva suscrita por Salvini fue objeto también de críticas recientes por parte de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, recogidas en una carta enviada al gobierno italiano.

En opinión del organismo internacional, la norma puede ‘afectar seriamente los derechos humanos de los migrantes, incluyendo solicitantes de asilo y víctimas, o víctimas potenciales, de detenciones arbitrarias, torturas, tráfico de personas y otras serias violaciones de los derechos humanos’.

La misiva cuestiona además otros aspectos de la directiva como la criminalización de las organizaciones de la sociedad civil que desarrollan operaciones de búsqueda y rescate; y la ausencia en el documento de referencias a estándares internacionales sobre derechos humanos.

Estigmatizar a los migrantes necesitados de auxilio en el mar, negarles el derecho a solicitar asilo y ser identificados como víctimas del tráfico de personas; y no tener en cuenta que Libia no es un lugar seguro a donde devolver a los rescatados, son otros puntos criticados en la misiva.

El organismo de la ONU solicitó también al gobierno italiano explique cómo piensa cumplir sus obligaciones para impedir la pérdida de vidas de migrantes y no devolver los rescatados a Libia, además de conciliar sus políticas migratorias con las obligaciones internacionales sobre derechos humanos, expresadas en el texto.

Vinculado con el sentido de esta directiva, el ejecutivo encabezado por el primer ministro, Giuseppe Conte, deberá pronunciarse sobre un nuevo decreto propuesto por Salvini, como complemento de otro anterior aprobado por el parlamento sobre seguridad e inmigración.

La disposición promovida por el titular del Interior refuerza las medidas contra el tráfico de personas y prevé multas de entre tres mil 500 y cinco mil 500 euros, por cada inmigrante trasladado a Italia, a quienes incumplan con lo establecido en las operaciones de socorro marítimo.

Modifica asimismo el código de navegación y confiere al Ministerio del Interior la autoridad para limitar o prohibir el tránsito y la estancia en el mar territorial, de naves mercantes, deportivas o de pesca por motivos de seguridad y orden público.

El análisis y aprobación de la iniciativa en el Consejo de Ministros antes de las elecciones regionales, es interpretado por analistas como un elemento a favor de la campaña de Salvini y su partido, la Liga, para quienes el tema migratorio sigue siendo un factor de alta rentabilidad desde el punto de vista electoral.

En la búsqueda de votos, la Liga rivaliza, entre otros, con su aliado en el gobierno, el Movimiento 5 Estrellas, interesado, según las mismas fuentes, en posponer el examen del proyecto para después de los comicios.

Mientras tanto, el buque Sea Watch3, perteneciente a la ONG alemana Sea Watch, permanece fondeado en las inmediaciones de la isla de Lampedusa, con 47 migrantes rescatados hace cuatro días a unas 30 millas de las costas de Libia, a la espera de autorización para desembarcarlos en un puerto seguro.

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