Diferentes sectores de Colombia advierten con preocupación que ante el desafío de las Altas Cortes a la agenda de la ultraderecha gobernante, podría estarse sembrando en el país la matriz de una presunta crisis institucional para impulsar medidas excepcionales contrarias al Acuerdo de Paz.

La cronología de hechos que apuntan en esa dirección tuvo un momento climático a comienzos de mayo pasado, cuando el movimiento Defendamos la Paz de Colombia pidió a Naciones Unidas verificar intimidaciones a magistrados de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional por su apoyo al Acuerdo de Paz.

Esa colectividad, integrada por congresistas, exministros, exnegociadores de instancias de diálogo, académicos, artistas y líderes de organizaciones sociales, manifestó entonces a Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, que los togados estaban siendo amenazados y hostigados por su postura en temas como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el rechazo a la aspersión con glifosato promovida por Estados Unidos para erradicar cultivos ilícitos.

En ese contexto una declaración conjunta de las altas cortes de Colombia dio a conocer que ciertamente estaban trabajando bajo presiones, pero que los jueces continuarían ejerciendo con independencia y autonomía.

Cuando el Congreso de Colombia rechazó las objeciones del presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la JEP y ese tribunal de paz decidió otorgarle la libertad al excomandante guerrillero Jesús Santrich y aplicarle la garantía de no extradición por falta de pruebas en su contra, el mandatario convocó urgentemente a un llamado pacto nacional con otros partidos que finalmente resultó fallido.

La oposición, no invitada a tal pacto, expresó que se estaba promoviendo la idea de una supuesta crisis institucional en el país para generar medidas excepcionales que acabaran con la justicia transicional y con la independencia de las altas cortes, incluida la posibilidad de una declaratoria de conmoción interior.

La preocupación fue grande cuando se escucharon voces del gobernante partido Centro Democrático, partidarias de derogar o cambiar sustancialmente la JEP, médula del acuerdo negociado entre el Estado y la exguerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).

La cruzada contra la JEP se hizo más visible con la recaptura de Santrich el 17 de mayo, al salir de la cárcel La Picota de Bogotá, en claro desacato al fallo de la justicia transicional.

‘A la gente que está persiguiendo a la JEP que entienda que el país está llegando a una época en la que hay que confesar la verdad, que la verdad necesita ser identificada para que podamos corregir el pasado, asimilarlo y podamos garantizar la no repetición’, solicitó entonces el arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve.

Expresó también alarma el excandidato presidencial por el Partido Liberal Humberto de la Calle, por la insistencia del Gobierno en modificar el Acuerdo de Paz.

El exjefe de la delegación de paz del expresidente Juan Manuel Santos en las negociaciones con las FARC-EP recordó que la Constitución de Colombia blindó lo acordado en La Habana durante tres períodos presidenciales.

Este ambiente político que se está creando en torno al propósito del Ejecutivo de buscar modificaciones unilaterales a lo pactado es nocivo, remarcó De la Calle.

Antes de finalizar mayo la Corte Constitucional de Colombia hundió de manera definitiva los reparos de Duque a la estatutaria de la JEP, al legitimar las votaciones en su contra en el Congreso.

También en el cierre de ese mes el Consejo de Estado dejó en firme la investidura de Santrich, la Corte Suprema ordenó su libertad inmediata y finalmente salió de un largo encierro que el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) identifica como un fuerte golpe a la paz y a las garantías jurídicas de quienes dejaron las armas para incursionar en la política.

El Gobierno Nacional cuestionó a las Altas Cortes por esas decisiones y desde entonces usa un discurso incendiario contra Santrich, al que tilda de mafioso, narcotraficante y extraditable.

El reconocido exconstituyente colombiano Álvaro Leyva le pidió a Duque fuera comedido porque ‘a nadie ajeno a la jurisdicción le corresponde hacer de juez en el caso Santrich. Para eso hay magistrados competentes que les corresponde valorar las pruebas y decidir. La indebida injerencia obstruye’, dijo.

Por su parte el excomisionado de paz Sergio Jaramillo, quien ejerció dicha función durante el gobierno de Santos, estimó que la decisión de entrampar a Santrich fue muy hostil contra el proceso de paz.

Y en medio de las sistemáticas alusiones del presidente contra lo ‘indignante e inadmisible’ de ver a Santrich libre y posesionado en el Congreso, la dirección de la FARC llamó al jefe de Estado a evitar prejuzgar y caer en la injuria.

‘Llamamos al presidente Duque a respetar las garantías constitucionales, no hacer juicios paralelos y sobre todo a que no permita la proliferación de climas de odio que en nada benefician a los colombianos’, señaló en un comunicado el Consejo Político Nacional de la FARC el pasado 11 de junio.

El partido político surgido tras la firma del Acuerdo de Paz manifestó que las constantes referencias del gobernante sobre Santrich desconocen la independencia y autonomía de las Altas Cortes que actuaron con apego al debido proceso.

Opina el senador fariano Pablo Catatumbo que el ambiente de crispación política actual pone en riesgo la construcción de un país en reconciliación.

Me parece muy grave lo que ha venido diciendo el presidente y está actuando de manera precipitada para las tribunas, para las galerías, y está corroborando, en cierto sentido, el llamado de atención que le hizo la ONU de que él está incitando al desconocimiento de los acuerdos, se está apartando del Estado Social de Derecho, declaró Catatumbo.

Y es tan notoria la arremetida de la ultraderecha local contra las Altas Cortes y su disconformidad con la letra del Acuerdo de Paz que recientemente la Registraduría del Estado Civil avaló un comité del uribismo (seguidores del expresidente Álvaro Uribe), promotor de un referendo ciudadano que busca derogar la JEP y revocar a los magistrados de las altas cortes.

Tal comité empieza la recolección de firmas para respaldar la citada iniciativa y así convocar a las urnas antes de que termine el 2019.

Necesitan para ello la aprobación de un millón 853 mil personas o más de la cuarta parte de los votantes inscritos en el censo electoral, según lo estipulado en la ley 134 de 1994 sobre reformas a la Constitución.

Considera el senador de la FARC Carlos Antonio Lozada que esta recolecta de firmas es un atentado contra la paz, la verdad y el Estado de derecho en Colombia.

Sobre tal decisión comentó el líder de Colombia Humana Gustavo Petro: Lo que hizo la Registraduría es permitir un referendo para derogar el Estado de Derecho.

A juicio asimismo del expresidente colombiano Ernesto Samper, ‘mientras los protagonistas del conflicto relatan ante la JEP su responsabilidad en hechos dolorosos como falsos positivos y secuestros, los presuntos implicados recogen firmas para acabar con las Cortes, incluida la JEP, que al parecer es un escenario molesto para sus conciencias’.

Politólogos locales afirman que hay un ambiente turbio y muy preocupante en torno al Estado de Derecho en Colombia.

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