El Departamento de Justicia de los Estados Unidos dijo el martes que la administración de Trump no agregará la controvertida pregunta sobre la ciudadanía al censo del 2020, días después de que la Corte Suprema bloqueó la inclusión de esta por el momento.

«Podemos confirmar que se tomó la decisión de imprimir el cuestionario del Censo Decenal del 2020 sin la pregunta sobre la ciudadanía, y que la impresora recibió instrucciones para comenzar el proceso de impresión», escribió la abogada del Departamento de Justicia, Kate Bailey en un correo electrónico enviado a grupos que cuestionaban la pregunta. El ex abogado de la Casa Blanca de Obama, Daniel Jacobson, compartió una captura de pantalla del correo electrónico en Twitter.

Kelly Laco, portavoz del Departamento de Justicia, confirmó que la pregunta no aparecerá en el censo.

La Corte Suprema dictaminó el jueves pasado que la administración de Trump no dio una razón adecuada para agregar la pregunta al censo del 2020 y envió el asunto al Departamento de Comercio, que supervisa la Oficina del Censo, para una explicación más detallada.

«Si la revisión judicial va a ser más que un ritual vacío, debe exigir algo mejor que la explicación ofrecida por la acción tomada en este caso», escribió el juez presidente John Roberts en la opinión de la mayoría de los tribunales de 5 a 4. Él se unió al ala liberal de la corte para pronunciar el fallo.

La administración de Trump había planeado hacerle a todos los destinatarios una pregunta sobre la ciudadanía en el censo del 2020 por primera vez desde 1950, afirmando que la pregunta es necesaria para hacer cumplir la Ley de Derechos de Votación. Quienes se oponen a la adición de la pregunta argumentan que la medida conducirá a un recuento incorrecto de la población, ya que hará que los inmigrantes y no ciudadanos omitan la pregunta o el censo por completo.

Los datos obtenidos del censo, que se realiza una vez por década según la Constitución, se utilizan para la asignación de escaños en el Congreso y la distribución de miles de millones de dólares federales a los estados y localidades durante los próximos diez años.

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