La foto de un padre y su hija ahogados en el río Bravo causó conmoción, hasta el Papa expresó su pesar, aunque lamentablemente este no es un hecho aislado, sino la realidad de muchos migrantes en su travesía hacia el norte.

Óscar Alberto Martínez, de 25 años, y Valeria, de 23 meses, fueron arrastrados por las aguas cuando a fines de junio pretendían cruzar la frontera entre México y Estados Unidos por la localidad de Matamoros, en el estado de Tamaulipas.

Cuando los cadáveres emergieron, varias horas después, aún estaban abrazados, según captó el lente de la periodista Julia Le Duc, del diario La Jornada, quien expresó su esperanza de que esta imagen mueva conciencias.

El papa Francisco se mostró consternado por esta tragedia y por la de todos los migrantes que perdieron la vida tratando de escapar de la guerra y la miseria.

Según el informe Viajes Fatales, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), desde 2014 y hasta 2018 un niño migrante fue reportado como muerto o desaparecido cada 24 horas en el mundo.

De acuerdo con el documento, en ese período fallecieron unos mil 600 menores, aunque la cifra puede ser mucho mayor porque hay casos sin registrar.

‘La falta de datos sobre la edad, las características y la vulnerabilidad de las niñas y niños migrantes crea serios vacíos de protección y dificulta el diseño de programas para protegerlos’, dijo Frank Laczko, director del Centro de Análisis de Datos de la OIM.

Es conocido que desde México y el llamado Triángulo Norte de Centroamérica cada día cientos de familias, e incluso menores sin sus padres, salen rumbo a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades.

Dos son las causas fundamentales de esta migración: en primer lugar la pobreza. De acuerdo con el informe Desarraigos en Centroamérica y México, de la Unicef, en Honduras la pobreza alcanza al 74 por ciento de los menores, en Guatemala al 68 y en México al 54.

Otro factor que influye en la movilidad humana es la violencia. Centroamérica es una de las regiones del mundo con mayor número de homicidios, con 62,1 asesinatos por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con un estudio de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Este fenómeno está asociado al narcotráfico y el crimen organizado, ya que la región es zona de trasiego de estupefacientes desde el sur del continente hasta Estados Unidos, el mayor consumidor de drogas del mundo.

El flagelo también está vinculado a las maras o pandillas juveniles, que se han convertido en un problema cada vez más grande en los países del Triángulo del Norte, es decir Guatemala, Honduras y El Salvador.

En mis años de trabajo en Guatemala como corresponsal de Prensa Latina tuve la ocasión de visitar el asentamiento Mario Alioto, en el municipio de Villa Nueva, uno de los más violentos del país, donde se desarrollaba un proyecto cultural para tratar de alejar a los niños de las maras.

Sacar a un joven de esos grupos es difícil porque desde edades tempranas, entre los ocho y 12 años, muchos de ellos se integran a las bandas y son los encargados de cobrar los ‘impuestos’ (extorsiones) a las tiendas y a los choferes de autobuses.

Gracias a la iniciativa se creó en el lugar un grupo de teatro con el objetivo de que, a través de la expresión artística, los menores pudieran apartarse de las drogas y el delito.

Un proyecto loable, pero no suficiente porque es el Estado quien tiene que asumir la responsabilidad de proteger a la niñez y juventud e invertir en programas para ese sector.

La falta de políticas públicas, el acceso limitado a los servicios y a una educación de calidad, la desigualdad y la pobreza extrema conducen a muchos niños, a veces con la familia y otras sin acompañamiento, a iniciar la travesía hacia territorio norteamericano.

Están obligados a elegir rutas irregulares y peligrosas y en el camino muchos sufren hambre, explotación y abusos, y algunos hasta pierden la vida, ya que son presa de contrabandistas, delincuentes y otras formas del crimen organizado.

De los que logran cruzar la frontera, la gran mayoría son detenidos, separados de sus familias y devueltos a sus países de origen.

La situación para los migrantes se agravó con el endurecimiento de las medidas por parte de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su política de tolerancia cero, la cual trata y procesa como criminales a los indocumentados.

En los centros de detención los menores separados de sus padres sufren tratos crueles, inhumanos y degradantes que van desde abusos, represalias, hasta condiciones de hacinamiento y hambre, según denuncias de organismos internacionales como la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

La ONU pide a los Estados de origen, tránsito y destino trabajar juntos y adoptar políticas que tomen en cuenta las causas fundamentales de las migraciones.

Pero mientras persista la pobreza y la violencia el flujo no se detendrá, aún cuando cada vez más tengan que marchar por caminos peligrosos donde muchas veces los niños llevan la peor parte y en no pocas ocasiones pierden la vida.

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