El gobierno ruso ha expresado su preocupación por las recientes amenazas de Washington de aplicar sanciones al gigante petrolero estatal ruso Rosneft con respecto a sus negocios en Venezuela.

«Estamos preocupados por las recientes declaraciones del [Representante Especial de los Estados Unidos para Venezuela Elliott] Abrams con respecto a ‘todas las opciones sobre la mesa’, que repite de vez en cuando, y sus amenazas de imponer sanciones a Rosneft», dijo el viceministro de Relaciones Exteriores ruso Sergei Ryabkov le dijo a TASS el jueves.

Señaló que aunque «las sanciones en sí mismas no producen ningún efecto», el gobierno ruso está preocupado porque Estados Unidos carece de «una comprensión real de la situación y la interrelación de varios procesos con respecto a Venezuela en la política de los Estados Unidos».

El enviado estadounidense Abrams a principios de esta semana dijo que Washington no descartó sancionar a Rosneft por negocios con Venezuela en el futuro, pero que no estaba listo para hacerlo hasta el momento. También admitió que las actividades actuales de Rosneft en Venezuela no violan las sanciones existentes de Estados Unidos contra el país.

Rosneft, que es un importante inversor en Venezuela, actualmente está trabajando en una serie de proyectos conjuntos de exploración y producción con la compañía petrolera estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela, o PDVSA. Según Rosneft, las reservas geológicas totales de estos proyectos se estiman en 20.500 millones de toneladas de petróleo.

Rosneft también se convirtió en el principal comerciante de crudo venezolano el mes pasado, facilitando los envíos del petróleo del país a China e India, los mayores compradores de petróleo de Venezuela. Tomó alrededor del 40 por ciento de las exportaciones de PDVSA en julio y más del 66 por ciento en agosto, según los programas de exportación de la empresa y los datos de Refinitiv Eikon. Esto vino como un intento de ayudar a Venezuela, donde el petróleo representa más del 95 por ciento de los ingresos de exportación, para aliviar las pérdidas derivadas de las sanciones de Estados Unidos.

Washington lanzó su campaña de sanciones contra la industria petrolera del estado sudamericano en enero, en un intento de derrocar al presidente Nicolás Maduro, cuya reelección a fines de 2018 fue vista por Estados Unidos y algunos gobiernos occidentales como ilegítima.

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