Siete décadas después del surgimiento del TIAR, la decisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) de resucitar un mecanismo obsoleto constituye un peligro para Latinoamérica, en tanto ese instrumento ha sido invocado históricamente para legitimar intervenciones militares.

El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), también conocido como Tratado de Río, fue impuesto al continente por Estados Unidos en 1947, poco después de concluir la II Guerra Mundial, y en el contexto de la Guerra Fría contra la Unión Soviética.

Según la letra de ese pacto, un ataque armado a un Estado americano sería considerado como una agresión contra todos los países de la región y, en consecuencia, cada una de las partes contratantes se comprometía a hacerle frente en ejercicio del derecho de legítima defensa individual o colectiva reconocida en el artículo 51 de la Carta de la ONU.

Pero en la práctica el TIAR jamás funcionó como instrumento de defensa, sino todo lo contrario, más bien fue un mecanismo para avalar golpes de Estado e intervenciones militares en Latinoamérica por razones ideológicas.

Así sucedió, por ejemplo, cuando en 1954 Guatemala fue invadida por mercenarios organizados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), de Estados Unidos, que provocaron el derrocamiento del gobierno de Jacobo Arbenz.

El TIAR y la Organización de Estados Americanos legitimaron la invasión mercenaria contra Cuba por Playa Girón en 1961; así como las intervenciones militares norteamericanas contra República Dominicana (1965), Granada (1983) y Panamá (1989).

La OEA no se conmovió con los asesinatos, torturas y desapariciones de miles de opositores durante la época de las dictaduras, ni cuando el golpe de estado en Chile en 1973 contra el gobierno de Salvador Allende.

En teoría el tratado interamericano planteaba que en caso de que una nación fuera amenazada por una potencia extracontinental se analizarían las medidas para protegerlo. Sin embargo, durante la intervención británica de las Islas Malvinas en 1982, Estados Unidos se puso del lado de Reino Unido.

Cuando todavía están frescos en la memoria muchos de aquellos acontecimientos, países miembros de la OEA se sumaron a Estados Unidos en la cruzada para activar el TIAR contra Venezuela, bajo el pretexto de que ‘la crisis venezolana es una amenaza a la paz y la seguridad regional’.

Varios gobiernos, no sólo de América Latina, sino también de otras partes del mundo, expresaron su preocupación por las consecuencias que puede traer para la región el intento de resucitar un mecanismo que contempla el uso de la fuerza militar.

Invocar el TIAR por Venezuela es una amenaza también para cualquier otra nación en América Latina, alertó el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, cuyo país se retiró de ese pacto desde 2002.

Cuba, por su parte, advirtió que se trata de un deliberado intento por provocar una situación que pudiera desencadenar en el uso de la fuerza para derrocar al gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro, en oposición abierta a los principios del Derecho Internacional y la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

En Rusia, la portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores, María Zajárova, consideró que la activación del TIAR contra Venezuela podría entrañar consecuencias graves para la seguridad regional y la estabilidad de América del Sur.

Tras considerar que la decisión sienta un precedente gravísimo en materia de derecho internacional, Uruguay anunció su retiro de ese mecanismo. ‘Nos salimos del Tratado por obsoleto, inconducente, por uso inapropiado del mismo’, afirmó el canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, y añadió que su país no comparte el que se pueda estudiar una intervención en Venezuela.

¿POR QUÉ VENEZUELA ABANDONÓ EL TIAR EN 2012?

Venezuela ingresó al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en 1948, un año después de que ese pacto militar fuera instituido el 2 de septiembre de 1947 en Río de Janeiro.

En 2012, durante una asamblea de la OEA, el presidente Hugo Chávez anunció el retiro de su país de ese instrumento, posición seguida por otros miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), entre ellos Bolivia, Ecuador y Nicaragua.

‘Nuestros países han tomado la decisión de enterrar lo que merece ser enterrado, de tirar al tacho de la basura lo que ya no sirve’, dijo en aquella ocasión el entonces canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño. Siete años después, la Asamblea Nacional en desacato de Venezuela, presidida por el autoproclamado presidente Juan Guaidó, aprobó reincorporar el país al TIAR, decisión declarada nula por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que calificó ese hecho como ‘un asalto al Estado de Derecho y a todos los poderes públicos del Estado’.

Recordó el TSJ que Venezuela formalizó su salida de la OEA el 27 de abril de 2019 y que, según el artículo 236 de la Constitución, todos los tratados, convenios o acuerdos internacionales deben ser ratificados por el presidente de la República, en este caso Nicolás Maduro.

¿QUÉ SE PRETENDE CON LA REACTIVACIÓN DEL TIAR?

Para el periodista e investigador del Centro Mundial de Estudios Humanistas, Javier Tolcachier, el objetivo es abrir la puerta a una escalada bélica contra Venezuela, presentando como excusa algún ataque de falsa bandera en la frontera con Colombia o alguna escaramuza provocada por mercenarios o paramilitares.

De acuerdo con el analista la estrategia agresora tiene el mismo propósito intentado anteriormente por otros métodos: desatar una guerra civil y establecer un gobierno fantasma en alguna porción territorial venezolana.

De verificarse un escenario de tales características, las consecuencias para ambos pueblos y la región entera serían devastadoras, opina Tolcachier, y añade que nada hace imaginar una guerra relámpago, mucho menos un golpe de mano incruento, sino un conflicto prolongado que tendría severas implicaciones internacionales.

El experto en comunicación política Arlenin Aguillón coincide en que con el aval del TIAR se trabaja para construir un incidente que justifique una acción militar.

Consciente de la amenaza del uso de la fuerza para intentar derrocar al gobierno legítimo, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, advirtió que un desenlace de esa naturaleza tendría nefastas consecuencias para toda Sudamérica, erigida en la última década como una zona de paz, convirtiéndola contrariamente en una zona de guerra’.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana reiteró su vocación pacifista, pero al propio tiempo ratificó su carácter antiimperialista y su inquebrantable resolución de defender la soberanía e independencia, hasta perder la vida si es necesario.

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