El Gobierno de Colombia continúa hoy su escalada de intentos por socavar la paz en Venezuela, con las amenazas de usar a grupos paramilitares para generar violencia en la nación bolivariana, denunció el presidente Nicolás Maduro.

La víspera, el mandatario informó sobre la decisión de continuar con la segunda fase de la alerta naranja (intermedia por el grado de peligro) en la frontera binacional, frente a las pretensiones del país neogranadino.

Acotó en tal sentido que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene plena capacidad para defender la soberanía y la integridad territorial de Venezuela.

Maduro aprobó a su vez un conjunto de medidas para mantener de manera permanente la alerta y vigilancia frente a la violencia, tráfico de drogas y de combustible, así como para el enfrentamiento a los grupos armados, secuestros y otros delitos provenientes del vecino país.

El jefe de Estado ratificó que Venezuela desea la paz con Colombia, no obstante, alertó al mundo sobre las pretensiones del expresidente colombiano Álvaro Uribe y el actual, Iván Duque, de generar violencia en la nación bolivariana.

Más temprano, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, denunciaba las amenazas del Gobierno de Colombia de usar a sus grupos paramilitares para cometer actos violentos en el país sudamericano.

Cabello aseguró que la administración de Duque pretende suscitar hechos de agresión en Venezuela ante la imposibilidad de sus aliados de dar al traste con la Revolución bolivariana por la vía democrática.

‘Estos grupos paramilitares se dedican al contrabando, la extorsión y el narcotráfico; para ese fin fueron creados’, expresó el también presidente de la Asamblea Nacional Constituyente.

Al respecto destacó que el Gobierno colombiano usa estas agrupaciones para amenazar a Venezuela ‘porque ellos no se atreven a hacerlo directamente’.

Por otra parte, Cabello denunció que las bases militares de Estados Unidos en Colombia solo sirven de centro de entrenamiento para grupos paramilitares, los cuales son parte de la estructura usada por el Gobierno del vecino país, con el propósito de mantener la violencia y las actividades delictivas.

En septiembre pasado, el mandatario venezolano aseguraba tener las pruebas de cómo se conspira desde Colombia para mandar grupos terroristas a atacar servicios públicos y sedes militares dentro de la nación sudamericana.

Refirió en tal sentido, el intento -desde los organismos de inteligencia del gobierno colombiano- de captar suboficiales y oficiales venezolanos para afectar el sistema de radares, así como de defensa aérea y antiaérea.

‘Colombia tiene un Estado fallido que odia a Venezuela, como nunca antes había existido y responde a líneas llegadas de sectores guerreristas, los cuales aspiran a un conflicto’, aseguró en esa ocasión.

Reiteró a su vez la denuncia al Gobierno de Duque, influenciado por las órdenes de Uribe, quienes pretenden crear un falso positivo para generar un conflicto armado entre ambos países.

Recientemente, durante el 74 período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, Duque dio muestras de los reiterados ataques contra la nación sudamericana y su presidente Maduro.

Como parte de su intervención en el segmento de alto nivel de la asamblea, el mandatario colombiano insistió en vincular al gobierno venezolano con grupos criminales y narcoterroristas.

De igual forma, hizo un llamado ‘a devolver a la nación sudamericana su democracia’, dentro del marco del derecho internacional y de los instrumentos del multilateralismo, cuando justamente su gobierno es uno de los principales impulsores de la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca contra Venezuela, un mecanismo que contempla el uso de la fuerza militar.

Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Colombia en febrero de 2019, tras denunciar las reiteradas agresiones provenientes de la nación neogranadina, y en medio de los graves sucesos acontecidos en el estado de Táchira, asociados al fracasado intento de la oposición de ingresar ayuda humanitaria con apoyo de las autoridades de Bogotá y Washington.

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