La liberación de detenidos por acciones desestabilizadoras y los debates en la Asamblea Nacional (parlamento en desacato) caracterizaron esta semana el acontecer de Venezuela, en medio de las conversaciones impulsadas hoy por Gobierno y oposición.

Un tribunal especial con competencia en casos de delitos asociados al terrorismo benefició con medidas sustitutivas de privación de libertad a los ciudadanos Martín Hernández, Pedro Rosario, Abraham Rodríguez y Luis Peña, vinculados a la intentona golpista del 30 de abril último, dirigida por los cabecillas opositores Juan Guaidó y Leopoldo López.

El mandato judicial partió de los acuerdos parciales firmados entre varios de los principales actores políticos del país, en el cual las partes exhortaron al Tribunal Supremo de Justicia a otorgar beneficios procesales a personas involucradas en acciones violentas contra el orden constitucional, en los casos permitidos por el ordenamiento jurídico.

En declaraciones a un canal privado, reseñadas por el portal del Ministerio Público, el fiscal general Tarek William Saab anunció que existe una lista de decenas de ciudadanos privados de libertad cuyos casos son evaluados por el sistema de justicia y en aras de la convivencia política pacífica.

En tal sentido, Saab consideró apropiado que la Asamblea Nacional declarara que el camino a seguir para la estabilidad de la nación gira en torno a la contienda electoral y no el enfrentamiento entre los venezolanos.

‘Hay un sector de la oposición, con representación parlamentaria, que está en diálogo con el Estado constituido, como se hace en un país civilizado, y concretamente con el Ejecutivo nacional’, ratificó el funcionario.

Con la instalación de la Mesa Nacional de Diálogo se trazó de manera transparente una ruta para lograr una solución política para el país, precisó a su vez el diputado del partido Cambiemos Timoteo Zambrano.

El gobernador del estado de Miranda y representante del Gobierno bolivariano en las conversaciones, Héctor Rodríguez, reiteró la disposición de avanzar en acuerdos por la convivencia pacífica, pero sin injerencias de ninguna índole y siembre bajo los términos de la Constitución.

‘Queremos acuerdos que incluyan a todos pero la oposición debe tener autonomía en ese sentido’, afirmó Rodríguez en referencia a un sector radical de la oposición subordinado a la hostilidad de Estados Unidos contra la nación sudamericana para dar cumplimiento a su agenda política.

Al respecto, instó a todos los sectores de la derecha venezolana a apartarse del camino de la violencia y a exigir a la administración estadounidense de Donald Trump frenar la política de bloqueo económico, comercial y financiero impuesta al país.

Precisamente el dirigente opositor Juan Guaidó ?reconocido por Washington y sus aliados como mandatario interino de la nación sudamericana- saboteó esta semana el derecho de palabra a los diputados del denominado Bloque de la Patria, partidario del Gobierno bolivariano, durante los debates del Legislativo en desacato.

De acuerdo con la denuncia formulada por la diputada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Tania Díaz, Guaidó ?presidente de la Asamblea- mandó a cortar el audio del micrófono al parlamentario Darío Vivas, cuando este mostraba las fotos de Guaidó con integrantes del grupo paramilitar colombiano Los Rastrojos.

Vinculados a los delitos de narcotráfico, asesinato y extorsión, estos individuos habrían ayudado a Guaidó a trasladarse a territorio colombiano en vísperas de la falsa operación de ayuda humanitaria orquestada por la oposición en febrero de 2019, con apoyo logístico y material de Washington y Bogotá.

Ante este escenario, la bancada del PSUV y sus aliados del Gran Polo Patriótico propuso debatir el tema en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, sin embargo, la derecha venezolana se negó a integrarlo al orden del día.

Los diputados del Bloque de la Patria retornaron al Legislativo como parte de los acuerdos parciales de la Mesa Nacional de Diálogo, con el propósito de avanzar hacia una salida negociada a la crisis política existente en la nación sudamericana.

De acuerdo con declaraciones de Díaz, este grupo parlamentario centra sus esfuerzos en sacar del desacato a la Asamblea Nacional, con el objetivo encaminar a este órgano en el camino de la legalidad y reconocer a los demás poderes del Estado.

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