¿Qué revela el atentado al jefe de Seguridad en Ciudad de México?

¿Qué revela el atentado al jefe de Seguridad en Ciudad de México?
El fallido pero sangriento atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana del gobierno de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, denota en la perspectiva oficial la desesperación de los cárteles del crimen organizado por los golpes recibidos.

Pero eso no significa, necesariamente, un debilitamiento de esas organizaciones criminales que siguen muy fuertes en sus áreas de influencia o dominio.

Sin embargo, el atentado del 26 de junio parece confirmar temores de que el crimen organizado finalmente decidió romper la delgada línea roja hasta ahora vigente, de no actuar en la capital del país, al menos en los niveles de criminalidad como lo hace en el interior, en cada uno de los territorios de su influencia.

A raíz del atentado, en el que García Harfuch recibió tres impactos de bala y murieron dos de sus escoltas, más una mujer que transitaba por el lugar, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum declaró que el atentado se debió a la efectiva actuación del jefe policial contra las bandas, en particular el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y ello abona en favor de los criterios de una expansión del crimen organizado hacia la capital.

La captura en la operación de José Briseño De Los Santos, alias Vaca, jefe de sicarios del CJNG, dejó acéfalo a uno de los mandos esenciales de la mafia por ser el encargado del reclutamiento para mantener vigorosa la banda y en condiciones de realizar acciones como la del atentado a García Harfuch, o las operaciones de extermino contra cárteles adversarios por lo cual es, además, su estratega principal.

La principal preocupación generada por el atentado es que una acción de esa magnitud resulta casi imposible sin una presencia estructurada y permanente en el lugar, es decir, en Ciudad de México, algo que hasta ahora no se había visto pues la capital había sido respetada por los grandes cárteles de la droga como si se tratara de algún tipo de acuerdo.

Numerosos analistas del patio consideran que, si había algún compromiso de esa naturaleza con cualquier gobierno anterior al actual, se acaba de romper, y lo perciben como algo muy peligroso por la amenaza a la pacificación del país, y por las implicaciones políticas y en materia de seguridad que el hecho reviste. Esa hipótesis pone en tensión a todos. No había precedentes de un ataque directo contra un secretario de seguridad pública.

Preocupa mucho, por ejemplo, que evidentemente los agresores tenían información clara de la ruta del secretario y sus patrones de movimiento y por dónde iba a pasar, lo cual puede significar que el Cártel de Jalisco esté tan integrado al entramado social de la capital que se haya dado el lujo de ejecutar una acción de ese nivel, solo posible si cuenta con personas, recursos y armamento suficiente para hacer algo así.

Aunque especulativo, el mensaje de tan descabellada acción podría ser que están dispuestos a ir hasta el último rincón, no importa qué tan segura se sienta la gente o cuánta presencia policial haya, pues tienen las capacidades de inteligencia, armamento, dinero y hombres para atentar contra cualquier funcionario por muy alto que sea su cargo y muy escoltado que esté.

Más allá de esas especulaciones, lo importante es precisar si la estrategia que desarrolla el gobierno contra la delincuencia organizada está funcionando, como el pase de la guerra abierta heredada y causante de la actual violencia en el país, a la búsqueda de casos específicos y desarticulación de los grupos criminales a través de trabajos de inteligencia y en materia financiera, como parece ser que sí.

Es importante reconocer que el fortalecimiento de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), el Sistema de Administración Tributaria, y la inteligencia del Estado, tiene impactos y consecuencias en la delincuencia organizada. Se está hablando de golpear en lo que más les duele: el dinero, los mecanismos para el blanqueo del mismo, la logística, y la organización de los cárteles.

Lo importante de cualquier estrategia, señala el académico mexicano Jorge Lumbreras, es que vaya al corazón de la delincuencia, y el corazón son las finanzas, el dinero y la inteligencia para poder desarticularla de manera horizontal.

Hay críticos, por supuesto, que piensan que la desarticulación financiera no lo es todo, sino se necesita, además, algo de mayor envergadura para poder armar un golpe contundente de detención masiva de líderes de los cárteles a fin de poder realmente golpear sus estructuras y debilitarlo de manera extrema.

La crueldad de estas mafias no entiende más lenguaje que el de la violencia, aunque hasta el momento la práctica de acabar la guerra con la guerra aplicada por el expresidente Felipe Calderón, lejos de resolver el problema de la criminalidad, lo complicó.

El actual gobierno hace lo que no efectuaron los anteriores: tras la reciente Operación Agave Azul, ejecutada el pasado 3 de junio por la UIF, se congelaron mil 939 cuentas bancarias vinculadas al CJNG, de las cuales mil 770 pertenecen a personas físicas y 167 a empresas, y se congelaron dos fideicomisos de la organización criminal.

Además, se localizaron dos mil 571 operaciones ‘inusuales’ analizadas; dos mil 951 millones de pesos (134 millones de dólares) de operaciones ‘inusuales’; 38,459 reportes de operaciones ‘relevantes’; 11 mil 478 millones de pesos (522 millones de dólares) de movimientos ‘relevantes’; y seis mil 507 transferencias interbancarias.

También 657 millones de pesos (casi 30 millones de dólares) de transferencias interbancarias; ocho mil 424 reportes de transferencias internacionales; siete mil 216 millones de pesos (28 millones de dólares) de transferencias internacionales; dos mil 102 reportes de movimientos en dólares americanos; más dos millones 955 mil dólares en esos movimientos.

En un comunicado de la UIF publicado el pasado 2 de junio, se recuerda que uno de los principales ejes de acción de la actual administración está en la detección y desmantelamiento de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico que se aprovechan del sistema financiero para blanquear sus ganancias ilícitas.

Uno de los territorios donde principalmente se encontraron los transacciones financieras fue Jalisco, un estado regido por el opositor Movimiento Ciudadano, afín al Partido Acción Nacional y cuyo gobernador es un adversario abierto a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y auspiciador de un movimiento de mandatarios regionales contra el ejecutivo y la IV Transformación. Igualmente Ciudad de México, Michoacán, Estado de México, Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Nayarit, Sinaloa, Querétaro y Colima.

Además de esos golpes financieros, el gobierno de López Obrador también le ha causado daños a la estructura de mando de los cárteles. El pasado 20 de febrero extraditó a Estados Unidos a Rubén Oseguera González ‘El Menchito’, hijo de Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’. Días más tarde aprehendió a Jessica Johanna Oseguera, también hija del criminal.

El primero de junio detuvieron a Javier ‘N’, alias ‘El Tucán’, jefe de sicarios del CJNG de la región Acayucan, así como a Lázaro ‘N’, alias ‘El Zurdo’, también del alto comando. La organización de El Marro, de Santa Rosa de Lima y acérrimo enemigo del CJNG, tiene apresados 26 de sus más connotados mandos e incluso la madre, su hermana y su sobrina, responsables directas de las finanzas de la banda, las cuales serán juzgadas.

Estas son algunas de las realidades e inquietudes que revela el atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México, y ojalá el hecho no derive en una complicación de la violencia criminal en el país, la cual ha dejado más muchas más muertes que la pandemia de Covid-19.

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