Guatemala sienta al periodismo en el banquillo de los acusados

Guatemala sienta al periodismo en el banquillo de los acusados
SAN SALVADOR — El periodista José Rubén Zamora lucha en las cortes para evitar la cárcel, pero también para defender su credibilidad como azote moral del Gobierno de Guatemala.
Su arresto, el 29 de julio, desató un tsunami de críticas contra el presidente Alejandro Giammattei, bajo cuyo mandato fueron procesados o empujados al exilio operadores de justicia, fiscales y periodistas interesados en destapar la corrupción.
En un operativo digno de un criminal de alto perfil, tras la detención de Zamora vino el allanamiento de El Periódico, el diario que dirige y que dedicó sus últimos meses a revelar los contratos millonarios obtenidos por los financistas de Giammattei.
El Ministerio Público, dirigido por la polémica Consuelo Porras, le imputa a Zamora delitos de lavado de dinero, conspiración, tráfico de influencias y chantaje, por los cuales seguirá el proceso en prisión preventiva, quizás por varios meses.

Segundas intenciones

«Acusar a Zamora de este delito es establecer públicamente, desde el Estado, la imagen de alguien que trabaja para el crimen organizado. Deslegitimarlo», denunció el periodista salvadoreño Carlos Dada, director del periódico digital El Faro.
Dada, acusado hace unos meses de lavado de dinero por el presidente Nayib Bukele, relató que el propio Zamora le ofreció entonces su casa, con la esperanza de que al final quienes los acusan para tapar sus propios delitos terminarán en la cárcel.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se sumó esta semana al coro que reclama garantías de debido proceso para el comunicador, amparado desde 2003 por medidas de protección dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Por lo pronto, el Zamora permanece recluido en una pequeña celda en el cuartel Mariscal Zavala, en Ciudad de Guatemala, junto a militares, narcotraficantes y exfuncionarios procesados por corrupción y delitos similares.

Sistema judicial a prueba

«El sistema de justicia guatemalteco está a prueba», advirtió Christian Ulate, abogado defensor de Zamora, en declaraciones a Emisoras Unidas.
Ulate, quien trabajó en la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), desmintió que exista prueba alguna de chantaje por parte de Zamora, como afirmó uno de los denunciantes presentados por la Fiscalía.
En la audiencia inicial, celebrada en el Juzgado Séptimo de Instancia Penal, también es procesada Samari Gómez, funcionaria de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), acusada de supuestamente revelar información confidencial o reservada.
En la cuestionada diligencia, el Ministerio Público presentó 300.000 quetzales (unos 39.000 dólares) en efectivo que supuestamente Zamora entregó a Ronald García, la persona que ahora lo denuncia, a cambio un cheque de una empresa.
Sin embargo, reportes periodísticos y judiciales vinculan al mencionado García con al menos dos casos de corrupción, entre ellos, una serie de operaciones para estafar al banco Bantrab Elgin, trama desenmascarada en su momento por la Cicig.

Garantías a prueba

Ante las protestas, el nuevo titular de la FECI, Rafael Curruchiche, declaró que «la aprehensión (de Zamora) no tiene ninguna relación con su calidad de periodista, sino por un posible hecho de lavado de dinero en su calidad de empresario».
Para Juan Pappier, especialista del observatorio internacional Human Rights Watch, las acciones contra el director de ElPeriódico buscan enviar un mensaje de temor a otros periodistas que exponen la corrupción y el abuso de poder.
«Creemos que en este caso se juegan buena parte de las garantías de libertad de expresión y libertad de prensa en Guatemala», recalcó Pappier, quien exhortó a la comunidad internacional a redoblar su escrutinio sobre ese país